RESPONSABILIDAD POR MANIPULACIÓN DEL EURIBOR

El pasado miércoles 4 de diciembre la Comisión Europea ha sancionado a diversas entidades bancarias europeas por formar parte de dos cárteles: uno sobre los tipos EURIBOR y otro sobre los tipos LIBOR sobre el yen japonés. El primero de ellos estuvo operativo entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 y el segundo entre 2007 y 2010. De ellos, el que mayor impacto ha tenido en España, pues estuvo activo en plena burbuja inmobiliaria, ha sido el primero, por afectar directamente a los tipos de interés tomados como referencia para el cálculo de los intereses en créditos hipotecarios. Dicho cártel estuvo formado por cuatro entidades: Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland (RBS) y Barclays.

La sanción asciende a un total de 1.042 millones de euros a esas cuatro compañías, aunque a Barclays le ha condonado una sanción de 690 millones de euros por haber desvelado la existencia del cártel. Además de que no han sido impuestas en su totalidad, al haber reducido las sanciones: Deutsche Bank se beneficia de una reducción del 30% la cuantía total, Société Générale del 5% y RBS del 50%.

Dichas sanciones y sus reducciones, además de la exención de Barclays, no impiden el acceso a los tribunales españoles para solicitar una indemnización de daños y perjuicios por la manipulación de los tipos de interés. Nuestro ordenamiento jurídico, junto con el ordenamiento comunitario, permiten que los particulares, las empresas y en general cualquier afectado, inicien las acciones judiciales pertinentes contra esas cuatro entidades.

En este caso no cabe exigir responsabilidad penal a las entidades, ya que la ley que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor el 22 de diciembre de 2010 y el derecho penal impide juzgar hechos que en el momento de producirse no constituyen delitos, en base a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables de los artículo 9.3 y según el principio de legalidad del 25.1, ambos de la Constitución.

Por ello, sólo es posible acudir a la vía civil reclamando una indemnización de daños y perjuicios en base a la responsabilidad aquiliana o responsabilidad extracontractual. El problema radica en que el plazo para su ejercicio es de un año, a contar desde el momento en que lo sabe el agraviado. En este caso el plazo ha comenzado el día en que la Comisión Europea ha hecho pública la manipulación del Euríbor, mediante la nota de prensa del 4 de diciembre de 2013.

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