ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

A la hora de determinar la figura jurídica del ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, es óbice mencionar la SAP de Barcelona (Sección 11a) de fecha 23 de julio de 2009, que dice en su fundamento jurídico segundo:

“Pues bien, por lo que respecta a la existencia de causa,es conveniente aludir a la conocida STS de 28 enero 1956, conforme a la cual la doctrina jurisprudencial que veda el enriquecimiento injusto, va encaminada a evitar un lucro contrario a la equidad y se refiere a adquisiciones patrimoniales que no se corresponden con una causa válida de atribución, siendo la noción «sin causa» de la atribución, la primordial, definitiva y básica para corregir adjudicaciones patrimoniales antijurídicas con base en el presupuesto de una situación objetivamente injusta.Además en el supuesto de autos es propio aludir también a la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal sobre el enriquecimiento injusto, siendo destacable la STS de 25 de septiembre de 1997, conforme a la cual, “El enriquecimiento injusto, figura jurídica de antigua raigambre en nuestro derecho (Las Partidas 7-34-17 ya la recogía), y que sin embargo no aparece regulada directamente en nuestra legislación, salvo de una manera colateral en el artículo 10.9 del Código Civil, que prevé una norma de Derecho Internacional privado relativa al enriquecimiento injusto, y en el art. 508 de la Compilación Civil Foral de Navarra de 1 de marzo de 1973. Pues bien, dicha teoría del enriquecimiento injusto es una creación totalmente jurisprudencial, que a través de numerosas sentencias, no sólo las citadas por la parte recurrente, sino por muchas otras más, ha construido dicha figura como una atribución patrimonial sin causa y que debe reunir ineludiblemente los siguientes requisitos:

a) un enriquecimiento por parte de una persona, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo,

b) un empobrecimiento de otra persona, como consecuencia de lo anterior, constituido por un daño positivo o por un lucro cesante,

c) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio del derecho (SS. 19 mayo 1993 y 30 septiembre 1993, como compendio de lo antedicho).”

En STS de 29 de mayo de 2002 quedan expuestos nuevamente los requisitos del enriquecimiento sin causa como: “: a) Un aumento en el patrimonio o una disminución del mismo con relación al demandado; b) Un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) Inexistencia de una causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición legal en este sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz -sentencias de 23 de mayo y 23 de noviembre de 1989, 21 de enero, 5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de octubre y 13 de diciembre de 1991 , 23 de febrero de 1992, 30 de septiembre de 1993, 31 de octubre de 1994 y 19 de diciembre de 1996, entre otras muchas-.”

Aclara también la esencia del enriquecimiento injusto STS de 6/02/06 , en la que se alude al enriquecimiento injusto, como principio general del Derecho, proveniente del Derecho romano (dos textos de Pomponio incluidos en el Digesto), recogido en Las Partidas (7a.34.17) y desarrollado por copiosa jurisprudencia. expresando que “Las sentencias de, entre otras, 23 de marzo de 1992, 8 de junio de 1995, 7 de febrero de 1997 y 31 de octubre de 2001 destacan la idea de que los hechos, no ilícitos, que provoquen un enriquecimiento sin causa de una persona y el empobrecimiento de otra, dan lugar a la obligación de reparar el perjuicio; la esencia es, pues, la atribución patrimonial sin causa, por lo que el enriquecido sin causa debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueció y así lo expresan las recientes sentencias, entre otras muchas anteriores, de 31 de octubre de 2001 y 8 de julio de 2003. “Resolución que además alude al presupuesto del principio del enriquecimiento injusto, cual es la subsidiariedad, en el sentido de que se aplica al caso cuando no hay norma legal -por ejemplo la que regula un contrato- que lo contemple, expresando que “y así lo han declarado, entre otras, las sentencias de 18 de diciembre de 1996 y, rotundamente, la de 19 de febrero de 1999 .

Lo que significa que si la Ley prevé una determinada acción, como la derivada de un contrato, no puede alegarse este principio general: así, sentencias de 19 de abril de 1990 (un caso de compraventa), 15 de diciembre de 1992 (relación jurídica derivada de un «convenio válido») 20 de abril de 1993 (una compraventa), 8 de junio de 1995 (contrato válido y eficaz).”

Por su parte la STS de 30 de septiembre de 2005, en línea con lo expuesto, deja sentado que “El éxito de dicha acción presupone la demostración de un desplazamiento patrimonial sin precedente causal, determinante de un incremento del valor de un patrimonio y del correlativo empobrecimiento de otro (sentencias de 18 de mayo de 1982, 24 de febrero de 1988, 13 de diciembre de 1991, 31 de diciembre de 1991 y 1 de junio de 2005).”

La STS de 04/06/07 incide en lo expuesto al referir que “Por otra parte, la pretensión por enriquecimiento injusto, según jurisprudencia consolidada, es inviable cuando el desplazamiento patrimonial viene justificado por una norma o por un negocio jurídico válido y eficaz, como ocurre en el caso (Sentencias de 8 de julio de 2003, 12 de julio de 2000, entre las más recientes) y la acción correspondiente tiene carácter subsidiario, de modo que no puede prosperar cuando se conceden acciones específicas, y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para interponerla (Sentencias de 19 de febrero de 1999, 12 de julio de 2000, 28 de febrero de 2003, etc.).”

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