DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN EN LOS MENORES DE EDAD

Además de la normativa interna Constitución Española, art. 18 y 20.4

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”

la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y la Ley del Menor, Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, además España ha ratificado diferentes Tratados internacionales para proteger los derechos de los niños respecto al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

a.- Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977.

b.- Artículo 16 del Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.

c.- Artículo 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 29 de noviembre de 1985 -Reglas de Beijing -.

d.- Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990.

Jurisprudencia relativa a los derechos de los menores de edad:

a.- Sentencia del tribunal Supremo 23 de octubre de 2008: “Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de SUPERPROTECCIÓN que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra, aunque ésta tenga interés público”.

b.- Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de julio de 1999: “parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores”… “Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar(SSTC73/1982,110/1984,170/1987,  231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997, y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997)”

c.- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20) de 11 de febrero de 2005: “La divulgación de la imagen de la menor Doña Nuria y la divulgación de los datos privados de la misma a que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho precedente, debe considerarse intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en la intimidad de la citada menor, el primero al divulgarse en la portada de un diario nacional de los mayor circulación, y la segunda, en cuanto supone la publicación de DATOS, como su NOMBRE, CENTRO EN QUE CURSA SUS ESTUDIOS, curso y agresión sufrida, que es contraria a sus intereses y que le han producido una gran desazón”… “Es cierto que los derechos a la intimidad y a la propia imagen no son absolutos, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales, y que cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Pero no puede olvidarse que el artículo 20 de la Constitución ya nos dice en el número 4 que la libertad de información tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia., y que, por otra parte, La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, considera como intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor «cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o sus representantes legales» (artículo 4.3, y dicha Ley en su artículo 2 relativo a los «Principios generales», señala que «En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir»”.

El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que establece y define como intromisión ilegítima

“cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”. 

Así las cosas, los derechos a la intimidad y a la imagen son susceptibles de protección, en cuanto al interés legítimo de las menores a que no se divulgue su imagen ni sus datos relativos a su vida personal o familiar, derechos que han de prevalecer y que suponen un límite infranqueable frente al derecho a comunicar libremente información veraz por un medio de comunicación.

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