CLAUSULAS LIMITATIVAS DE LAS ASEGURADORAS

CLAUSULA LIMITATIVA DE LAS ASEGURADORAS:

 

 

El art. 3 conectado con el párrafo segundo del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguros, y teniendo en consideración al contenido del mismo (expuesto ad supra), cabe preguntarse si estamos, o no, ante una cláusula limitativa de derechos del asegurado.

 

La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre una cuestión semejante, a la planteada en la Sentencia comentada, fue en la de la Sala de lo Civil de 15 de julio de 1993:

 

“Finalmente, en el ap. b) del motivo se alega la infracción de los arts. 2.º y 3.º de la Ley 50/1980, de 8 octubre, en el sentido -según parece, pues la formulación no es clara- de que las normas de tal Ley tienen carácter imperativo, cual señala el art. 2.º y que las condiciones generales han de ser suscritas por el asegurado, al igual que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito, y tales cláusulas limitativas -las establecidas en el art. 2 b) de las Condiciones Generales del Seguro de Ocupantes y en el art. 24 d) de las Condiciones Generales del Seguro Voluntario- no están aceptadas por compromiso expreso pues, tal como señala la sentencia de primera instancia en su cuarto fundamento de derecho (…)” (siendo la negrita nuestra)

 

En los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 29 de diciembre de 2000:

 

Llegados a este punto, la única cuestión que resta por examinar es la referente a la existencia y operatividad de la condición general 24, esto es de la cláusula de exclusión que se contiene en el condicionado del contrato. Existe una consolidada jurisprudencia sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y los requisitos que han de reunir las cláusulas limitativas del riesgo, indicando la  STS. de 21 de mayo de 1996, que el citado precepto tiene la finalidad de “llamar la atención del tomador del seguro, aceptante ordinario por simple adhesión, a fin de que quede advertido de la inclusión de semejantes cláusulas cercenadoras de sus normales derechos y al conocerlas de manera efectiva pueda entenderse que las asume con plenitud de conocimiento”, encontrándonos ante una norma de carácter imperativo (SSTS. de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), siendo doctrina reiterada que tales cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados han de ser específicamente aceptadas por el tomador del seguro (STS de 14 de junio de 1994), y que los riesgos excluidos de la cobertura de la póliza habrán de ser expresadas de manera clara y precisa, habrán de destacarse en la póliza o en documento complementario suscrito por el asegurado (STS. de 21 de mayo de 1996, ya citada), ya que solo la suscripción y aceptación expresa de dichas condiciones determina su valor normativo y la vinculación para el tomador.” (siendo la negrita nuestra)

 

 

De todo ello se deduce que las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados deben cumplir, para su validez, el principio de transparencia, es decir:

 

  • Debe destacarse de modo especial.
  • Ser específicamente aceptadas por escrito.

 

Además, el Tribunal Supremo destaca que conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguros, el ejemplar y en su caso el documento separado (si se otorgase), deberán estar firmados por el asegurado, y las cláusulas limitativas de derechos aceptadas expresamente, lo que conlleva que las pólizas de seguro no sólo deban ser aceptadas (firmadas) en el momento final (normalmente en la última hoja) sino también al lado de la condición limitativa de derechos del asegurado (además de quedar destacada la misma, utilizando mayoritariamente la letra negrita).

 

De este modo, las cláusulas que tienen por objeto prescindir del hecho causante y circunscribir la cobertura del seguro de responsabilidad civil a los supuestos en que la reclamación del perjudicado se hace y notifica a la compañía aseguradora dentro del periodo de vigencia del contrato, lo que implican es una restricción de los derechos del asegurado y del perjudicado, razón por la que su validez, tanto bajo la vigencia del artículo 73 LCS anterior a la reforma operada por la  Ley de 1995, como a partir de la entrada en vigor de ésta, se encuentre condicionada al cumplimiento de los requisitos que contempla el artículo 3 LCS y que hemos mencionado anteriormente.

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