Archivo de la categoría 'Penal'

PLAZO PARA RECLAMAR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO

domingo, 10 de marzo del 2013

Plazo de prescripción. Sentencia del Tribunal Supremo, SECCIÓN DE PLENO, 14 de enero de 2009.

Dice el art. 1968 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“Prescriben por el transcurso de un año:

La acción para recobrar o retener la posesión.

La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.”

Y el art. 1964 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.”

Llegados a este punto, que puede dar lugar a una interpretación errónea, es necesario concretar si la acción, para reclamar daños y perjuicios por lesiones sufridas por dolo, está sujeta al plazo de 1 año (art. 1968.2 CC) o bien, al plazo de 15 años (art. 1964 CC). Dicha cuestión ha estado resulta, aunque también previamente pero sin efectos plenarios, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,Sección PLENO, de 14 de enero de 2009, dice en su Fundamento Jurídico QUINTO párrafo segundo (siendo el subrayado nuestro):

“Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC. Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC. Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983 , 1 abril 1990, 19 octubre 1990 , 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004, entre muchas otras.”

LEGITIMA DEFENSA COMO EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL

miércoles, 4 de enero del 2012

La legítima defensa se encuentra regulada en el CP de 1995 en el art. 20.4º, así como en el art. 2 del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1.950. Para poder hablar de legítima defensa se tienen que dar tres requisitos:

1.- Agresión ilegítima o ataque injusto. Por lo tanto hay que hablar de dos aspectos, el primero de ellos la agresión o ataque y un segundo de ilicitud. La agresión o ataque, debe ser real y actual (no futura) y conlleva un hecho violento contra una persona que menoscaba aspectos físicos y personales.

2.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repararla. La racionalidad del medio empleado no significa que estemos hablando de una “proporción equitativa”, ni está conectado con el medio empleado por el agresor, sino por las posibilidades reales de defensa del agredido. De este modo, la defensa puede ser más grave o contundente que la agresión sufrida sólo si ese medio empleado era el único del que disponía. Por el contrario si dispone de varios medios para contraatacar la agresión, el perjudicado deberá utilizar aquel que sea el menos grave o lesivo.

3.- Falta de provocación suficiente por parte del defensor. La ausencia de este requisito no provoca la falta de aplicación de la legítima defensa sino que estaríamos ante un supuesto de legítima defensa incompleta. La provocación debe ser intencional, en el mismo sentido del dolo, además de ser tenida en cuenta por la sociedad como provocación que intente lograr una reacción agresiva de parte del provocado.

Las Recompensas penitenciarias

lunes, 11 de julio del 2011

Se debe entender por recompensa penitenciaria, aquellos premios – regulados en la normativa penitenciaria española -  que se conceden por las Instituciones Penitenciarias a los internos y que derivan por la buena conducta que han manifestado durante un período de su internamiento.

El interno tiene reconocidos dos sistemas de estímulos: a). El negativo o régimen disciplinario, que castiga el comportamiento del interno, b).- El sistema positivo o de recompensas, que incentiva la conducta positiva del interno. No debemos entender la conducta positiva del interno como un numerus clausus sino que se debe aplicar conjuntamente con el art. 46 LOGP, ampliándose al espíritu del trabajo, al sentido de la responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento.  Centrándonos en las medidas positivas, las recompensas, es materia atribuida a la Comisión Disciplinaria del estalecimiento penitenciario “el otorgar las recompensas en este Reglamento, determinando, en cada caso, su cuantía y ordenar la anotación de la concesión en el expediente personal del recompensado”  art. 277.2.g) RP. Sin perjuicio de lo anterior, el apartado primero del art. 277, señala “a la Comisión Disciplinaria corresponde ejercer la potestad disciplinaria penitenciaria en la forma regulada en el Título X de este Reglamento y acordar la concesión de las recompensas que procedan a los internos”.

Listado de recompensas

Se encuentran reguladas en el art. 263 RP, “Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el Establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas:

  1. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales.
  2. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del Centro.
  3. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales.
  4. Reducciones de las sanciones impuestas.
  5. Premios en metálico.
  6. Notas meritorias.
  7. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios”.

El listado anteriormente anotado no debe entenderse como un sistema de numerus clausus sino de numerus apertus al permitirse en la letra g) la posibilidad de otros premios diferentes que pueda considerar la Comisión Disciplinaria, con tal que guarden analogía a los contemplados en los apartados precedentes.

Derechos del detenido

miércoles, 6 de julio del 2011

En la Constitución

Con carácter general aparecen establecidos en el art. 17 de la Constitución. Este artículo dispone:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional»

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Art. 520 LECrim recoge un listado de derechos que corresponden a la persona detenida. Conforme a dicho artículo, serán los siguientes:

«1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.
d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.
e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias del apartado 2 d) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un abogado de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.
Si transcurrido el plazo de ocho horas desde la comunicación realizada al Colegio de Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados designados.
5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico.
6. La asistencia del Abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el núm. 2 del artículo 520 LECrim y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f).
b) Solicitar de la autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido»

El art. 775 LECrim para el ámbito de procedimiento abreviado y los juicios rápidos (art. 797.1.3ª LECrim) señala:

«En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.
Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del artículo 527»

Novedades introducidas por este precepto:
1.- La obligación de comunicar al imputado los hechos que se le imputan.
2.- El tema de las notificaciones informándole de la posibilidad del juicio en ausencia
3.- La entrevista con el Abogado puede tener lugar tanto antes como después de prestar declaración, a diferencia de lo establecido en el art. 520.6.c) LECrim que claramente impone que la entrevista será al término de la práctica de la diligencia, es decir, después de ella.

Sobre la incomunicación, dispone el art. 527 LECrim:

«el detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de lo establecido en el artículo 520, con las siguientes modificaciones:
a) En todo caso, su Abogado será designado de oficio.
b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado d) del número 2.
c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el apartado c) del número 6»

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