Archivo de la categoría 'Mercantil'

RESPONSABILIDAD POR MANIPULACIÓN DEL EURIBOR

lunes, 16 de diciembre del 2013

El pasado miércoles 4 de diciembre la Comisión Europea ha sancionado a diversas entidades bancarias europeas por formar parte de dos cárteles: uno sobre los tipos EURIBOR y otro sobre los tipos LIBOR sobre el yen japonés. El primero de ellos estuvo operativo entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 y el segundo entre 2007 y 2010. De ellos, el que mayor impacto ha tenido en España, pues estuvo activo en plena burbuja inmobiliaria, ha sido el primero, por afectar directamente a los tipos de interés tomados como referencia para el cálculo de los intereses en créditos hipotecarios. Dicho cártel estuvo formado por cuatro entidades: Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland (RBS) y Barclays.

La sanción asciende a un total de 1.042 millones de euros a esas cuatro compañías, aunque a Barclays le ha condonado una sanción de 690 millones de euros por haber desvelado la existencia del cártel. Además de que no han sido impuestas en su totalidad, al haber reducido las sanciones: Deutsche Bank se beneficia de una reducción del 30% la cuantía total, Société Générale del 5% y RBS del 50%.

Dichas sanciones y sus reducciones, además de la exención de Barclays, no impiden el acceso a los tribunales españoles para solicitar una indemnización de daños y perjuicios por la manipulación de los tipos de interés. Nuestro ordenamiento jurídico, junto con el ordenamiento comunitario, permiten que los particulares, las empresas y en general cualquier afectado, inicien las acciones judiciales pertinentes contra esas cuatro entidades.

En este caso no cabe exigir responsabilidad penal a las entidades, ya que la ley que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor el 22 de diciembre de 2010 y el derecho penal impide juzgar hechos que en el momento de producirse no constituyen delitos, en base a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables de los artículo 9.3 y según el principio de legalidad del 25.1, ambos de la Constitución.

Por ello, sólo es posible acudir a la vía civil reclamando una indemnización de daños y perjuicios en base a la responsabilidad aquiliana o responsabilidad extracontractual. El problema radica en que el plazo para su ejercicio es de un año, a contar desde el momento en que lo sabe el agraviado. En este caso el plazo ha comenzado el día en que la Comisión Europea ha hecho pública la manipulación del Euríbor, mediante la nota de prensa del 4 de diciembre de 2013.

ARBITRAJE DE BANCO CEISS Y UNICAJA BANCO

martes, 3 de diciembre del 2013

La oferta de canje de Unicaja Banco a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco Ceiss y el arbitraje del FROB

Recientemente se ha publicado la oferta de canje de Unicaja Banco a los tenedores de Bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss (en adelante CoCos Ceiss). Mediante la oferta de canje de Unicaja Banco se buscan dos objetivos: en primer lugar, es la única vía de entrada al arbitraje que organizará el FROB para las participaciones preferentes y la deuda subordinada de la entidades pertenecientes a Banco Ceiss y en segundo lugar, tal y como hizo Liberbank con el «Plan de fidelización», que los clientes que se adhieran a la oferta renuncien a las acciones judiciales y/o extrajudiciales presentes y futuras tanto contra Banco Ceiss como contra Unicaja Banco que tengan su origen tanto en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada, como de las derivadas de la gestión de dichos instrumentos por el FROB antes de la actuación de Unicaja Banco. Es decir, el firmante rechaza simple y llanamente, cualquier reclamación judicial o extrajudicial (arbitraje o mediación) que tenga relación con las participaciones preferentes y/o con la deuda subordinada emitida por alguna de las cajas de ahorros que integran Banco Ceiss.

Antes de proceder a la firma hay que analizar si son mayores los beneficios o los inconvenientes si se acepta el canje o si no se acude a él. En lo que respecta los beneficios, se obtiene una mayor rentabilidad con los Bonos necesaria y contingentemente convertibles de Unicaja Banco (en adelante CoCos Unicaja) que con los CoCos Ceiss. Sin embargo, la rentabilidad no es el único factor a tener en cuenta por diversos motivos:

a)     En primer lugar, como también ha destacado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pago de los intereses depende de que Unicaja o el Banco de España no decidan cancelar su pago, de ello se deriva de que la mayor rentabilidad conlleva un mayor riesgo.

b)    Mediante el canje se obtienen dos tipos diferentes de CoCos, unos con vencimiento en junio de 2016 (denominados NeCoCos) y otros de carácter perpetuo (denominados PeCoCos), además de que la conversión es una facultad (que no una obligación para los perpetuos) exclusiva de Unicaja Banco, sin que el firmante de la orden pueda solicitar su conversión anticipada, supuesto que sí se permite con los CoCos Ceiss.

c)     Sobre la fecha de vencimiento, los NeCoCos de Unicaja vencen en junio de 2016, mientras que los CoCos Ceiss vencen en mayo de 2015.

d)    Independientemente de los CoCos, es decir ya sean de Unicaja Banco o de Banco Ceiss, no se producirá en ningún caso la restitución del capital, sino que se convertirán obligatoriamente en acciones de una o de otra entidad, acciones que por el momento no están admitidas en ninguna Bolsa. Hay que destacar que los CoCos Ceiss y de Unicaja tampoco se negocian actualmente en ningún mercado secundario, por lo que su venta es sumamente difícil.

e)     La conversión de los CoCos de Unicaja Banco en acciones supone la pérdida de otra parte del capital, ya que su conversión conlleva una prima de emisión a favor del banco. En cambio la conversión de los CoCos Ceiss no conlleva esa prima, por lo que por un CoCo se obtendrá una acción de Banco Ceiss.

f)     La firma voluntaria del canje supone la aceptación de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones judiciales y/o extrajudiciales, la cual puede provocar en el futuro graves perjuicios al firmante, ya que el canje no se trata de un acto necesario u obligatorio, sino que ha sido el cliente el que de forma voluntaria ha acudido a él aceptando así su renuncia a las acciones judiciales.

g)     La posibilidad de acudir al arbitraje organizado por el FROB no significa la recuperación automática del capital inicialmente aportado y en caso de que el árbitro o el tribunal arbitral dicten un laudo, cuyo contenido desestime las pretensiones del cliente, sólo puede ser impugnado por vicios de forma y no de fondo. Ello quiere decir, que si el cliente no gana el arbitraje, no puede ya  acudir a la vía judicial.

CLÁUSULAS SUELO ASTURIAS

miércoles, 20 de noviembre del 2013

 

El Tribunal Supremo dictó la sentencia 241/2013, de 9 de mayo pronunciándose sobre la legalidad de ciertas cláusulas abusivas contenidas en préstamos a interés variable. Contra esa sentencia las entidades de crédito demandas interpusieron un incidente de nulidad de actuaciones que ha sido desestimado mediante auto por el pleno de la Sala de lo Civil en fecha de 6 de noviembre de 2013. En cuanto a la sentencia declara la nulidad de las cláusulas cuando tienen lugar una serie de circunstancias:

  1. La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
  2. La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
  3. La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
  4. Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
  5. La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.
  6. Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

Por ello, es posible solicitar la nulidad de dicha cláusula contractual, manteniendo el resto de cláusulas contractuales.

Además y en contra del criterio erróneo seguido por el Tribunal Supremo y rechazado por Juzgados y Audiencias Provinciales, es posible solicitar la restitución del capital pagado con motivo de esas cláusulas abusivas por constituir un claro ejemplo de enriquecimiento injusto por parte de las entidades de crédito.

PARTICIPACIONES PREFERENTES, DEUDA SUBORDINADA…LIBERBANK

sábado, 27 de abril del 2013

Participaciones preferentes, deuda subordinada, permutas financieras… existen variedad de productos comercializados por entidades de crédito que han incumplido reiteradamente la normativa europea de información a los clientes-consumidores, denominada normativa MiFID.

Recientemente la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado por primera vez una sentencia en la que se condena a Liberbank (agrupación de Caja Cantabria, Caja Extremadura y Cajastur) a la devolución del capital aportado por los clientes por la adquisición de deuda subordinada. La sentencia de la Audiencia Provincial confirma en su totalidad la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y condena en costas a la entidad (pago de abogado y procurador, devolución de las tasas judiciales…). Los demandantes sostienen que Cajastur les informó erróneamente del producto que estaban adquiriendo, pues dichos clientes pretendían adquirir un depósito cancelable en cualquier momento si requerían el capital; cuando realmente adquirieron un bono, con vencimiento a diez años, subordinado, es decir, en caso de quiebra de la entidad cobrarían antes que los accionistas pero por detrás de los acreedores preferentes, siempre y cuando a la entidad le quede liquidez después de haber pagado al resto de acreedores; además, un bono no puede ser cancelado, pues el periodo de vencimiento era en este caso de diez años, por lo que si se pretende recuperar el capital debemos encontrar a comprador, el cual puede ofrecer una cantidad inferior al valor nominal o valor inicial, en función de su cotización en el mercado.

La confirmación de la sentencia de primera instancia abre la puerta a la impugnación judicial de dichos productos, ya que la mayoría de los afectados desconocía lo que realmente estaban contratando.

Aunque Liberbank ha ofrecido recientemente la posibilidad de acudir a un canje voluntario o someterse a un canje obligatorio, no debería ser ningún problema, puesto que la entidad no ha ofrecido en ningún momento la opción de recuperar el capital, sino que se ha limitado a ofrecer acciones y/o obligaciones subordinadas necesariamente convertibles (CoCos), lo cual significa que en la fecha de amortización o incluso previamente, la entidad puede convertir esas obligaciones en acciones de la entidad, evitando así devolver directamente el capital, además, se estipula en la nota del canje[1] que Liberbank puede decidir, «a su sola discreción, cancelar el pago de la remuneración», por lo que los intereses generados por las obligaciones no están garantizados en ningún momento.

 


[1] Sección D.3, subtítulo 3 Factores de riesgo de las obligaciones, apartado iii).

¿QUÉ SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MERCANTIL?

jueves, 16 de febrero del 2012

El art. 16 del Código Comercio (en adelante CCom), tras su última reforma de 15 de marzo de 2.007, dispone que el Registro mercantil tiene por objeto la inscripción de:

Primero. Los empresarios individuales. Regulados en los arts. 87 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil (en adelante RRM) y se realizará por medio “hoja abierta a cada empresario individual…”.

Segundo. Las sociedades mercantiles. Regulados en los arts. 94 y siguientes del RRM y se realizará por medio “hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente…”.

Tercero. Las entidades de crédito y de seguros, así como las sociedades de garantía recíproca.

Cuarto. Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones.

Quinto. Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo disponga la Ley.

Sexto. Las Agrupaciones de interés económico.

Séptimo. Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.

Octavo. Los actos y contratos que establezca la Ley.

2. Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables y cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes.

El art. 19 CCom determina que la inscripción del empresario individual es potestativa, con excepción del naviero, que es obligatoria. El resto de los apartados del artículo anterior deben acceder al Registro Mercantil, puesto que su inscripción es obligatoria.

El artículo 16 del CCom debe conectarse con el art. 2 del RRM:

A.- La inscripción de los empresarios y demás sujetos establecidos por la Ley, y de los actos y contratos relativos a los mismos que determinen la Ley y este Reglamento. El empresario individual no tiene la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, puesto que su acceso es potestativo, pero no podrá pedir la inscripción de ningún documento ni aprovecharse de los principios registrales mientras no se hubiese inscrito en el mismo.

B.-La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables.

C.-La centralización y publicación de la información registral, que será llevada a cabo por el Registro Mercantil Central en los términos prevenidos por este Reglamento.

D.- La centralización y la publicación de la información de resoluciones concursales en la forma prevista en el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio.

Además el Registro Mercantil se lleva por el sistema de hoja personal, art. 3 RRM.

El art. 81 del RRM, determina los sujetos y los actos objeto de inscripción en el Registro Mercantil, y viene a complementar los artículos anteriores:

1. Será obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los siguientes sujetos:

El naviero empresario individual. Pero si el naviero no está inscrito en el Registro Mercantil, responderá con todo su patrimonio de las obligaciones contraídas frente a terceros. Y su inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria.

Las sociedades mercantiles.

Las sociedades de garantía recíproca.

Las cooperativas de crédito, las mutuas y cooperativas de seguros y las mutualidades de previsión social.

Las sociedades de inversión colectiva.

Las agrupaciones de interés económico.

Las cajas de ahorro.

Los fondos de inversión.

Los fondos de pensiones.

Las sucursales de cualquiera de los sujetos anteriormente indicados.

Las sucursales de sociedades extranjeras y de otras entidades extranjeras con personalidad jurídica y fin lucrativo.

Las sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a territorio español.

Las demás personas o entidades que establezcan las leyes.

2. En la hoja abierta a cada uno de los sujetos mencionados en el apartado anterior se inscribirán necesariamente los actos o circunstancias establecidos en las leyes o en este Reglamento.

Los derechos de los socios en la Ley de Sociedades de Capital

miércoles, 6 de julio del 2011

Antecedentes
El BOE de 3 de julio de 2010 publicó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. De este modo, se derogan:
1.- Los artículos 151 a 157 del Código de Comercio de 1885.
2.- El TRLSA de 1989.
3.- La LSRL de 1995.
4.- Los arts. 111 a 117 de la LMV de 1988, excepto los apartados 2º y 3º del art. 114 y los arts. 116 y 116bis.

La LSC entró en vigor el 1 de septiembre de 2010.

Derecho de los socios en la LSC
Los derechos de los socios se encuentran regulados en los arts. 93 a 97 de la LSC. El primer precepto (art. 93), contiene una enumeración – de numerus apertus, salvo en los supuestos limitados por la LSC – de los derechos que se les reconocerán a los socios en sus estatutos sociales. Estos derechos son los siguientes:
a.-  El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
b.- El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
c.- El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
d.-El de información.
El art. 93 debe entenderse con la redacción del art. 97, sobre la igualdad de trato, y la Sociedad constituida deberá dar un trato igual a todos los socios siempre y cuando se encuentren en condiciones idénticas. Dicho en otras palabras, no todos los socios se encuentran en la misma posición jurídica respecto a sus derecho y obligaciones, y la Sociedad podrá otorgar una posición preferente a unos socios respecto de otros, con arreglo a los arts. 94 a 96 de la LSC.
El primer precepto que examinaremos es el art. 94 de la LSC.  Como ya sabemos, el art. 1 de la LSC, apartados segundo y tercero, recoge la misma solución adoptada en los arts. 1 de la LSA y LSRL, al señalar que el capital social de las sociedades anónimas estará dividido en acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada en participaciones sociales. Las participaciones sociales y las acciones pueden otorgar derechos diferentes. La división de las acciones se lleva por medio de dos términos, las clases y las series, perteneciendo éstas últimas a las clases. De este modo una clase engloba una serie de acciones, todas ellas con los mismos derechos para los accionistas. Dentro de una clase se pueden constituir series de acciones, y éstas deberán tener el mismo valor nominal. El último párrafo del art. 94 LSC, habilita a las sociedades para emitir acciones o participaciones preferentes, pero siempre su emisión estará sometida a las reglas de la modificación de los estatutos. Sus corolarios en la LSA y LSRL son los arts. 49 y 50.1 respectivamente.
La regulación anterior de las sociedades anónimas, en su art. 50.3 ya regulaba las acciones privilegiadas. Actualmente el privilegio en el reparto de las ganancias patrimoniales comprende el art. 94 de la LSC. El primer párrafo es una garantía a favor de los titulares de las participaciones sociales o acciones, al prohibir la entrega de dividendos con cargo a los beneficios mientras no se hayan satisfecho – abonado el dividendo privilegiado que les corresponda. En segundo lugar, y salvo que los estatutos dispongan lo contrario, el reparto de los dividendos – siempre y cuando existan beneficios distribuibles y no sometidos a reservas – (del apartado anterior) deberá ser entregado a favor de los titulares de las participaciones o acciones. Finalmente, el último apartado, deberán los estatutos prever las consecuencias de la falta de pago total o parcial del dividendo preferente, si este tiene o no carácter acumulativo en relación a los dividendos no satisfechos, todo ello en aras de proteger y beneficiar a los titulares de participaciones y acciones.
En último lugar, el art. 96 hace referencia a las prohibiciones en materia de privilegio y ha sufrido una modificación sustancial respecto al art. 50.2 de la LSA que regulaba las acciones privilegiadas. Actualmente no se podrán crear participaciones sociales, para las sociedades de responsabilidad limitada, ni la emisión de acciones, en las sociedades anónimas, que lleven aparejadas el derecho a percibir interés. De igual modo, en las acciones, tampoco se podrán emitir las que directamente o de una forma indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de preferencia (derecho de suscripción preferente). Y el último párrafo recoge la posición del anterior, para hacerlo extensible a las participaciones sociales.

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