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CRITERIOS JUDICIALES GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

jueves, 3 de abril del 2014

CRITERIOS JUDICIALES Y FUTURA REGULACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIDA

 

Hemos sido testigos en los últimos años de un cambio de criterio por parte del juzgador sobre el carácter de la guarda y custodia compartida del art. 92.8 del Código Civil. Ya que desde la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 623/2009, de 8 de octubre, se recogieron los criterios a seguir para establecer el régimen compartido. Posteriormente, esos criterios fueron seguidos por las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 257/2013, de 29 de abril, FD 3º; 496/2011, de 7 de julio, FD 7º y 94/2010, de 10 de marzo, FD 4º, entre otras. Dichas directrices son las siguientes:

  • La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.
  • Los deseos manifestados por los menores competentes.
  • El número de hijos.
  • El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos.
  • El respeto mutuo en sus relaciones personales.
  • El resultado de los informes exigidos legalmente.
  • Y cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

Todos ellos deben pivotar sobre un eje fundamental: la primacía del interés del menor sobre el interés de los padres. Ya que son ellos los que deben beneficiarse del régimen de la guarda y custodia.

El legislador, siendo consciente de la nueva doctrina jurisprudencial ha publicado recientemente el «Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio». Dicho anteproyecto pretende introducir, entre otras, novedades en la normativa de guarda y custodia. Por ello se pretenden introducir las siguientes novedades mediante la modificación del art. 92 y la inclusión del art. 92 bis CC:

  • En primer lugar, la erradicación de la excepcionalidad de la atribución de la guarda y custodia compartida del art. 92.8 CC, cuando lo solicita exclusivamente una de las partes. Recordemos que el precepto anterior remite al párrafo quinto del mismo artículo, en el que se establece que la regla general será la guardia y custodia compartida cuando lo soliciten los padres en convenio o mediante acuerdo en el procedimiento judicial.
  • En segundo lugar, el juez podrá otorgar la guardia y custodia compartida en un tercer supuesto: «cuando, no mediando acuerdo, cada uno de ellos insta la custodia para ambos o exclusiva para sí».
  • En tercer lugar, se introduce la jurisprudencia anterior, ya que el juez determinará el régimen de guarda y custodia compartida ponderando: el informe no vinculante del Ministerio Fiscal (según doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional), las alegaciones de los padres, la opinión del menor, en su caso el dictamen de los expertos, «así como la concurrencia o no de todos aquellos criterios relevantes para el bienestar del hijo, como edad, arraigo social, escolar y familiar de los menores; relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos; aptitud y voluntad de cada uno de ellos para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro y cooperar entre sí para garantizar la relación de los hijos con ambos progenitores; posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres; el apoyo con el que cuenten, la situación de sus domicilios o el número de hijos».

EFECTOS RETROACTIVOS DE ALIMENTOS EN PROCESOS DE DIVORCIOS

miércoles, 2 de abril del 2014

Efectos retroactivos de alimentos desde la interposición de la demanda de divorcio

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de Unificación de Doctrina, de fecha 27/11/13, dice en su Fundamento de Derecho segundo apartado 4:

 

“4. Sobre la base de esta razón de compatibilidad cabe plantearse si lo dispuesto para la obligación de alimentos entre parientes respecto del momento para el abono de dicha pensión, esto es, desde la fecha en que se interponga la demanda, artículo 148, párrafo primero del Código Civil , como norma general, resulta aplicable a los supuestos de obligación de alimentos a los hijos. De lo anteriormente expuesto se comprende que el fundamento de la posible respuesta descansa en valorar si la efectividad del derecho a la pensión reclamada judicialmente se integra ya en el núcleo conceptual de la naturaleza propia y diferenciada de la obligación de alimentos de los hijos, o en la esfera de su diferenciación básica, o por el contrario, participa de la caracterización general de la acción de prestar alimentos.

 

La opción por esta última consideración, conforme al elemento condicional que subyace en este tipo de obligaciones, a la exigencia de intimación al deudor, o a razones prácticas de respuesta a las necesidades presentes y futuras del alimentista, también ha sido resaltada por esta Sala en sentencias de 8 de abril de 1995 , 5 de octubre de 1995 (núm. 328/1995 ), 3 de octubre de 2008 (núm. 917/2008 ), 14 de junio de 2011 (núm. 402/2011 ) y 26 de octubre de 2011 (núm. 721/2010 ), destacándose que para la efectividad de este tipo de obligaciones legales conviene diferenciar entre el tiempo o momento de nacimiento de la obligación, propiamente dicho, y el tiempo o momento de la exigibilidad de dicha obligación, siendo la reclamación judicial el cauce por el que se concreta la prestación debida (cuantía y modo de pago) y su exigibilidad desde la fecha en que se interpuso la demanda.”

CLAUSULA LIMITATIVA DE LAS ASEGURADORAS EN LOS CASOS DE ALCOHOLEMIA

jueves, 30 de enero del 2014

 

Una vez citada la normativa aplicable, especialmente el art. 3 y 7 de la Ley de Contrato de Seguros, y teniendo en consideración que la cláusula del contrato de seguro de la sentencia comentada incluía una limitación, por parte de la aseguradora de responder e indemnizar al tomador y asegurado del mismo en virtud de la condición general de la póliza contemplada en el art. 4-c, cabe preguntarse si estamos, o no, ante una cláusula limitativa de derechos del asegurado.

La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre una cuestión semejante, a la planteada en la Sentencia comentada, fue en la de la Sala de lo Civil de 15 de julio de 1993:

“Finalmente, en el ap. b) del motivo se alega la infracción de los arts. 2.o y 3.o de la Ley 50/1980, de 8 octubre, en el sentido -según parece, pues la formulación no es clara- de que las normas de tal Ley tienen carácter imperativo, cual señala el art. 2.o y que las condiciones generales han de ser suscritas por el asegurado, al igual que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito, y tales cláusulas limitativas -las establecidas en el art. 2 b) de las Condiciones Generales del Seguro de Ocupantes y en el art. 24 d) de las Condiciones Generales del Seguro Voluntario- no están aceptadas por compromiso expreso pues, tal como señala la sentencia de primera instancia en su cuarto fundamento de derecho (…)”

En los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11a, de 29 de diciembre de 2000:

Llegados a este punto, la única cuestión que resta por examinar es la referente a la existencia y operatividad de la condición general 24, esto es de la cláusula de exclusión que se contiene en el condicionado del contrato. Existe una consolidada jurisprudencia sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y los requisitos que han de reunir las cláusulas limitativas del riesgo, indicando la STS. de 21 de mayo de 1996, que el citado precepto tiene la finalidad de “llamar la atención del tomador del seguro, aceptante ordinario por simple adhesión, a fin de que quede advertido de la inclusión de semejantes cláusulas cercenadoras de sus normales derechos y al conocerlas de manera efectiva pueda entenderse que las asume con plenitud de conocimiento”, encontrándonos ante una norma de carácter imperativo (SSTS. de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), siendo doctrina reiterada que tales cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados han de ser específicamente aceptadas por el tomador del seguro (STS de 14 de junio de 1994), y que los riesgos excluidos de la cobertura de la póliza habrán de ser expresadas de manera  clara y precisa, habrán de destacarse en la póliza o en documento complementario suscrito por el asegurado (STS. de 21 de mayo de 1996, ya citada), ya que solo la suscripción y aceptación expresa de dichas condiciones determina su valor normativo y la vinculación para el tomador.”

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008, vuelve a considerar como limitativa de los derechos del asegurado, la exclusión, en la póliza del contrato de seguro, de indemnización en los casos de embriaguez. Por ello, en los contratos de seguro, para determinar si estamos o no ante cláusulas que tengan un sentido limitativo, debemos acudir al art. 100 de la Ley de Contrato de Seguros, sobre el accidente como riesgo asegurado “Sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”, entre otros la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2002). Determinándose esta delimitación legal, que se trata de una norma imperativa (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), como suficiente para concretar cualquier limitación de los derechos del asegurado en la póliza del contrato de seguro. En ese mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de julio de 2006, considerando como cláusula limitativa los accidentes ocurridos en situación de embriaguez, porque dicha situación no constituye por sí misma concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente.

Repetimos, la jurisprudencia de forma cansina, reitera hasta la saciedad que la descripción y exclusión del riesgo asegurado debe aceptarse específicamente por escrito, no cabe tampoco recurrir a disquisiciones semánticas, pues como ya se pronunció la STS de 27 de febrero de 1990, decir que la exclusión del riesgo no es una cláusula limitativa es negar la mayor, no tiene sentido, pues la cláusula repercute en el derecho del asegurado y, en este caso, en el del beneficiario designado o llamado por la Ley, en cuanto excluyente del riesgo (…)”

(…)

“El motivo se funda, en síntesis, en que la Ley y la jurisprudencia imponen que las condiciones generales se redacten en forma clara y precisa, y que se destaquen de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados.”

De todo ello se deduce que las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados deben cumplir, para su validez, el principio de transparencia, es decir:

* Debe destacarse de modo especial.

* Ser específicamente aceptadas por escrito.

Además, el Tribunal Supremo destaca que conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguros, el ejemplar y en su caso el documento separado (si se otorgase), deberán estar firmados por el asegurado, y las cláusulas limitativas de derechos aceptadas expresamente, lo que conlleva que las pólizas de seguro no sólo deban ser aceptadas (firmadas) en el momento final (normalmente en la última hoja) sino también al lado de la condición limitativa de derechos del asegurado (además de quedar destacada la misma, utilizando mayoritariamente la letra negrita).

Puede resultar que la cláusula contemple, dentro de la embriaguez, la estipulación “de forma habitual” o “habitualmente”, para esos supuestos la carga probatoria deberá ceñirse en demostrar el estado de carácter habitual de la embriaguez (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008).

Por último, debemos hacer mención a si existe o no la posibilidad de pactar, dentro de la póliza la exclusión de responsabilidad por parte de la aseguradora en los supuestos de embriaguez. Cuestión que se admite, con excepciones, por nuestro Tribunal Supremo, entre otras la Sentencia de 7 de abril de 2003, al reconocer la exclusión del accidente padecido en embriaguez, al constar firmada por el asegurado y quedar suficientemente resaltada y aceptada, la exclusión en la póliza de seguro contratada.

CLAUSULAS LIMITATIVAS DE LAS ASEGURADORAS

sábado, 25 de enero del 2014

CLAUSULA LIMITATIVA DE LAS ASEGURADORAS:

 

 

El art. 3 conectado con el párrafo segundo del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguros, y teniendo en consideración al contenido del mismo (expuesto ad supra), cabe preguntarse si estamos, o no, ante una cláusula limitativa de derechos del asegurado.

 

La primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre una cuestión semejante, a la planteada en la Sentencia comentada, fue en la de la Sala de lo Civil de 15 de julio de 1993:

 

“Finalmente, en el ap. b) del motivo se alega la infracción de los arts. 2.º y 3.º de la Ley 50/1980, de 8 octubre, en el sentido -según parece, pues la formulación no es clara- de que las normas de tal Ley tienen carácter imperativo, cual señala el art. 2.º y que las condiciones generales han de ser suscritas por el asegurado, al igual que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito, y tales cláusulas limitativas -las establecidas en el art. 2 b) de las Condiciones Generales del Seguro de Ocupantes y en el art. 24 d) de las Condiciones Generales del Seguro Voluntario- no están aceptadas por compromiso expreso pues, tal como señala la sentencia de primera instancia en su cuarto fundamento de derecho (…)” (siendo la negrita nuestra)

 

En los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 29 de diciembre de 2000:

 

Llegados a este punto, la única cuestión que resta por examinar es la referente a la existencia y operatividad de la condición general 24, esto es de la cláusula de exclusión que se contiene en el condicionado del contrato. Existe una consolidada jurisprudencia sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro y los requisitos que han de reunir las cláusulas limitativas del riesgo, indicando la  STS. de 21 de mayo de 1996, que el citado precepto tiene la finalidad de “llamar la atención del tomador del seguro, aceptante ordinario por simple adhesión, a fin de que quede advertido de la inclusión de semejantes cláusulas cercenadoras de sus normales derechos y al conocerlas de manera efectiva pueda entenderse que las asume con plenitud de conocimiento”, encontrándonos ante una norma de carácter imperativo (SSTS. de 28 de julio y 9 de noviembre de 1990 y 21 de mayo de 1996), siendo doctrina reiterada que tales cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados han de ser específicamente aceptadas por el tomador del seguro (STS de 14 de junio de 1994), y que los riesgos excluidos de la cobertura de la póliza habrán de ser expresadas de manera clara y precisa, habrán de destacarse en la póliza o en documento complementario suscrito por el asegurado (STS. de 21 de mayo de 1996, ya citada), ya que solo la suscripción y aceptación expresa de dichas condiciones determina su valor normativo y la vinculación para el tomador.” (siendo la negrita nuestra)

 

 

De todo ello se deduce que las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados deben cumplir, para su validez, el principio de transparencia, es decir:

 

  • Debe destacarse de modo especial.
  • Ser específicamente aceptadas por escrito.

 

Además, el Tribunal Supremo destaca que conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguros, el ejemplar y en su caso el documento separado (si se otorgase), deberán estar firmados por el asegurado, y las cláusulas limitativas de derechos aceptadas expresamente, lo que conlleva que las pólizas de seguro no sólo deban ser aceptadas (firmadas) en el momento final (normalmente en la última hoja) sino también al lado de la condición limitativa de derechos del asegurado (además de quedar destacada la misma, utilizando mayoritariamente la letra negrita).

 

De este modo, las cláusulas que tienen por objeto prescindir del hecho causante y circunscribir la cobertura del seguro de responsabilidad civil a los supuestos en que la reclamación del perjudicado se hace y notifica a la compañía aseguradora dentro del periodo de vigencia del contrato, lo que implican es una restricción de los derechos del asegurado y del perjudicado, razón por la que su validez, tanto bajo la vigencia del artículo 73 LCS anterior a la reforma operada por la  Ley de 1995, como a partir de la entrada en vigor de ésta, se encuentre condicionada al cumplimiento de los requisitos que contempla el artículo 3 LCS y que hemos mencionado anteriormente.

CLÁUSULAS SUELO ASTURIAS

miércoles, 20 de noviembre del 2013

 

El Tribunal Supremo dictó la sentencia 241/2013, de 9 de mayo pronunciándose sobre la legalidad de ciertas cláusulas abusivas contenidas en préstamos a interés variable. Contra esa sentencia las entidades de crédito demandas interpusieron un incidente de nulidad de actuaciones que ha sido desestimado mediante auto por el pleno de la Sala de lo Civil en fecha de 6 de noviembre de 2013. En cuanto a la sentencia declara la nulidad de las cláusulas cuando tienen lugar una serie de circunstancias:

  1. La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
  2. La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
  3. La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
  4. Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
  5. La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.
  6. Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

Por ello, es posible solicitar la nulidad de dicha cláusula contractual, manteniendo el resto de cláusulas contractuales.

Además y en contra del criterio erróneo seguido por el Tribunal Supremo y rechazado por Juzgados y Audiencias Provinciales, es posible solicitar la restitución del capital pagado con motivo de esas cláusulas abusivas por constituir un claro ejemplo de enriquecimiento injusto por parte de las entidades de crédito.

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

miércoles, 7 de agosto del 2013

A la hora de determinar la figura jurídica del ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, es óbice mencionar la SAP de Barcelona (Sección 11a) de fecha 23 de julio de 2009, que dice en su fundamento jurídico segundo:

“Pues bien, por lo que respecta a la existencia de causa,es conveniente aludir a la conocida STS de 28 enero 1956, conforme a la cual la doctrina jurisprudencial que veda el enriquecimiento injusto, va encaminada a evitar un lucro contrario a la equidad y se refiere a adquisiciones patrimoniales que no se corresponden con una causa válida de atribución, siendo la noción «sin causa» de la atribución, la primordial, definitiva y básica para corregir adjudicaciones patrimoniales antijurídicas con base en el presupuesto de una situación objetivamente injusta.Además en el supuesto de autos es propio aludir también a la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal sobre el enriquecimiento injusto, siendo destacable la STS de 25 de septiembre de 1997, conforme a la cual, “El enriquecimiento injusto, figura jurídica de antigua raigambre en nuestro derecho (Las Partidas 7-34-17 ya la recogía), y que sin embargo no aparece regulada directamente en nuestra legislación, salvo de una manera colateral en el artículo 10.9 del Código Civil, que prevé una norma de Derecho Internacional privado relativa al enriquecimiento injusto, y en el art. 508 de la Compilación Civil Foral de Navarra de 1 de marzo de 1973. Pues bien, dicha teoría del enriquecimiento injusto es una creación totalmente jurisprudencial, que a través de numerosas sentencias, no sólo las citadas por la parte recurrente, sino por muchas otras más, ha construido dicha figura como una atribución patrimonial sin causa y que debe reunir ineludiblemente los siguientes requisitos:

a) un enriquecimiento por parte de una persona, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo,

b) un empobrecimiento de otra persona, como consecuencia de lo anterior, constituido por un daño positivo o por un lucro cesante,

c) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio del derecho (SS. 19 mayo 1993 y 30 septiembre 1993, como compendio de lo antedicho).”

En STS de 29 de mayo de 2002 quedan expuestos nuevamente los requisitos del enriquecimiento sin causa como: “: a) Un aumento en el patrimonio o una disminución del mismo con relación al demandado; b) Un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) Inexistencia de una causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición legal en este sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz -sentencias de 23 de mayo y 23 de noviembre de 1989, 21 de enero, 5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de octubre y 13 de diciembre de 1991 , 23 de febrero de 1992, 30 de septiembre de 1993, 31 de octubre de 1994 y 19 de diciembre de 1996, entre otras muchas-.”

Aclara también la esencia del enriquecimiento injusto STS de 6/02/06 , en la que se alude al enriquecimiento injusto, como principio general del Derecho, proveniente del Derecho romano (dos textos de Pomponio incluidos en el Digesto), recogido en Las Partidas (7a.34.17) y desarrollado por copiosa jurisprudencia. expresando que “Las sentencias de, entre otras, 23 de marzo de 1992, 8 de junio de 1995, 7 de febrero de 1997 y 31 de octubre de 2001 destacan la idea de que los hechos, no ilícitos, que provoquen un enriquecimiento sin causa de una persona y el empobrecimiento de otra, dan lugar a la obligación de reparar el perjuicio; la esencia es, pues, la atribución patrimonial sin causa, por lo que el enriquecido sin causa debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueció y así lo expresan las recientes sentencias, entre otras muchas anteriores, de 31 de octubre de 2001 y 8 de julio de 2003. “Resolución que además alude al presupuesto del principio del enriquecimiento injusto, cual es la subsidiariedad, en el sentido de que se aplica al caso cuando no hay norma legal -por ejemplo la que regula un contrato- que lo contemple, expresando que “y así lo han declarado, entre otras, las sentencias de 18 de diciembre de 1996 y, rotundamente, la de 19 de febrero de 1999 .

Lo que significa que si la Ley prevé una determinada acción, como la derivada de un contrato, no puede alegarse este principio general: así, sentencias de 19 de abril de 1990 (un caso de compraventa), 15 de diciembre de 1992 (relación jurídica derivada de un «convenio válido») 20 de abril de 1993 (una compraventa), 8 de junio de 1995 (contrato válido y eficaz).”

Por su parte la STS de 30 de septiembre de 2005, en línea con lo expuesto, deja sentado que “El éxito de dicha acción presupone la demostración de un desplazamiento patrimonial sin precedente causal, determinante de un incremento del valor de un patrimonio y del correlativo empobrecimiento de otro (sentencias de 18 de mayo de 1982, 24 de febrero de 1988, 13 de diciembre de 1991, 31 de diciembre de 1991 y 1 de junio de 2005).”

La STS de 04/06/07 incide en lo expuesto al referir que “Por otra parte, la pretensión por enriquecimiento injusto, según jurisprudencia consolidada, es inviable cuando el desplazamiento patrimonial viene justificado por una norma o por un negocio jurídico válido y eficaz, como ocurre en el caso (Sentencias de 8 de julio de 2003, 12 de julio de 2000, entre las más recientes) y la acción correspondiente tiene carácter subsidiario, de modo que no puede prosperar cuando se conceden acciones específicas, y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para interponerla (Sentencias de 19 de febrero de 1999, 12 de julio de 2000, 28 de febrero de 2003, etc.).”

RECLAMACION DEUDAS, PROCEDIMIENTO MONITORIO

jueves, 18 de julio del 2013

 

Artículo 812

1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.

 

2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

 

1.º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.

 

2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

 

Artículo 813 Competencia

Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.

En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección 2.ª del capítulo II del Título II del Libro I.

Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.

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Artículo 814 Petición inicial del procedimiento monitorio

1. El procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere el artículo 812.

La petición podrá extenderse en impreso o formulario que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior.

2. Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado.

 

Artículo 815 Admisión de la petición y requerimiento de pago

1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquélla, el Secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.

El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. Sólo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo.

2. En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley.

3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.

 

Artículo 816 Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. Intereses

1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

2. Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere. Desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés a que se refiere el artículo 576.

 

Artículo 817 Pago del deudor

Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el Secretario judicial acordará el archivo de las actuaciones.

 

Artículo 818 Oposición del deudor

1. Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.

El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales.

Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente Ley.

2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, convocando a las partes a la vista ante el Tribunal. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, el Secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes de la presente ley, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda.

3. En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.

 

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS FALLECIDAS

lunes, 10 de junio del 2013

 

De especial relevancia es la Sentencia del tribunal Constitucional 231/1988 de 2 de diciembre:

 

“En este aspecto, el «derecho a la imagen» que se invoca (y al que la demandante concede especial relevancia) es, en realidad, el derecho a disponer de la imagen de una persona desaparecida y de su eventual explotación económica, protegible, según la Ley 1/1982 en vías civiles, y susceptible de poseer un contenido patrimonial, pero derecho que no puede ser objeto de tutela en vía de amparo, ya que, una vez fallecido el titular de ese bien de la personalidad, no existe ya un ámbito vital que proteger en cuanto verdadero objeto del derecho fundamental aun cuando pudieran pervivir sus efectos patrimoniales”.

 

“…se invocan derechos (a la intimidad personal y familiar) cuyo titular no es ya exclusivamente el fallecido, sino, genéricamente, su familia, «afectada en su dolor e intimidad», y, más específicamente su viuda, y hoy demandante, doña Isabel P.M.. Desde esta segunda perspectiva, la demanda se centra en el carácter privado que tenía el lugar en que se recogieron determinadas escenas mediante una cámara de vídeo -la enfermería de la plaza de toros- y el carácter íntimo de los momentos en que una persona se debate entre la vida y la muerte, parcela que debe ser respetada por los demás. Y viene a mantenerse que esa intimidad no sólo es propia del directamente afectado, sino que, por su repercusión moral, es también un derecho de sus familiares.

 

Pues bien, en esos términos, debe estimarse que, en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende, no sólo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del art. 18 de la C.E. protegen. Sin duda, será necesario, en cada caso, examinar de qué acontecimientos se trata, y cuál es el vínculo que une a las personas en cuestión; pero al menos, no cabe dudar que ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente, y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho -propio, y no ajeno- a la intimidad, constitucionalmente protegible”.

 

El art. 4 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo dice:

 

“Uno. El ejercicio de las acciones de Protección Civil del Honor, la Intimidad o la Imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

 

Dos. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

 

Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a la instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una persona jurídica designada en testamento.

 

Cuatro.  En los supuestos de intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas de un delito a que se refiere el apartado ocho del artículo séptimo, estará legitimado para ejercer las acciones de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento, se estará a lo dispuesto en los apartados anteriores”.

 

Resumiendo, por lo que respeta al consentimiento en los casos de personas fallecidas cabe entender que las personas que, según el art. 4 LO 1/1982, aparecen legitimadas para ejercer acciones de protección del honor, la intimidad o la propia imagen de las personas fallecidas se encuentran igualmente legitimadas para prestar dicho consentimiento.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2004:

 

“también la tutela la Ley Orgánica 1/1982, pues su memoria <post morten> debe ser respetada, estando atribuida legitimación procesal para reivindicarlas a las personas que designa el artículo 4 de la referida Ley Orgánica, com ha sucedido en el caso que nos ocupa”.

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN EN LOS MENORES DE EDAD

martes, 26 de marzo del 2013

Además de la normativa interna Constitución Española, art. 18 y 20.4

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”

la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y la Ley del Menor, Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, además España ha ratificado diferentes Tratados internacionales para proteger los derechos de los niños respecto al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

a.- Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977.

b.- Artículo 16 del Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.

c.- Artículo 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 29 de noviembre de 1985 -Reglas de Beijing -.

d.- Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990.

Jurisprudencia relativa a los derechos de los menores de edad:

a.- Sentencia del tribunal Supremo 23 de octubre de 2008: “Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de SUPERPROTECCIÓN que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra, aunque ésta tenga interés público”.

b.- Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de julio de 1999: “parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores”… “Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar(SSTC73/1982,110/1984,170/1987,  231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997, y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997)”

c.- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20) de 11 de febrero de 2005: “La divulgación de la imagen de la menor Doña Nuria y la divulgación de los datos privados de la misma a que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho precedente, debe considerarse intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en la intimidad de la citada menor, el primero al divulgarse en la portada de un diario nacional de los mayor circulación, y la segunda, en cuanto supone la publicación de DATOS, como su NOMBRE, CENTRO EN QUE CURSA SUS ESTUDIOS, curso y agresión sufrida, que es contraria a sus intereses y que le han producido una gran desazón”… “Es cierto que los derechos a la intimidad y a la propia imagen no son absolutos, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales, y que cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Pero no puede olvidarse que el artículo 20 de la Constitución ya nos dice en el número 4 que la libertad de información tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia., y que, por otra parte, La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, considera como intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor «cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o sus representantes legales» (artículo 4.3, y dicha Ley en su artículo 2 relativo a los «Principios generales», señala que «En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir»”.

El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que establece y define como intromisión ilegítima

“cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”. 

Así las cosas, los derechos a la intimidad y a la imagen son susceptibles de protección, en cuanto al interés legítimo de las menores a que no se divulgue su imagen ni sus datos relativos a su vida personal o familiar, derechos que han de prevalecer y que suponen un límite infranqueable frente al derecho a comunicar libremente información veraz por un medio de comunicación.

PLAZO PARA RECLAMAR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO

domingo, 10 de marzo del 2013

Plazo de prescripción. Sentencia del Tribunal Supremo, SECCIÓN DE PLENO, 14 de enero de 2009.

Dice el art. 1968 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“Prescriben por el transcurso de un año:

La acción para recobrar o retener la posesión.

La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.”

Y el art. 1964 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.”

Llegados a este punto, que puede dar lugar a una interpretación errónea, es necesario concretar si la acción, para reclamar daños y perjuicios por lesiones sufridas por dolo, está sujeta al plazo de 1 año (art. 1968.2 CC) o bien, al plazo de 15 años (art. 1964 CC). Dicha cuestión ha estado resulta, aunque también previamente pero sin efectos plenarios, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,Sección PLENO, de 14 de enero de 2009, dice en su Fundamento Jurídico QUINTO párrafo segundo (siendo el subrayado nuestro):

“Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC. Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC. Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983 , 1 abril 1990, 19 octubre 1990 , 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004, entre muchas otras.”

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