PARTICIPACIONES PREFERENTES, DEUDA SUBORDINADA…LIBERBANK

Samstag, 27 de April del 2013

Participaciones preferentes, deuda subordinada, permutas financieras… existen variedad de productos comercializados por entidades de crédito que han incumplido reiteradamente la normativa europea de información a los clientes-consumidores, denominada normativa MiFID.

Recientemente la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado por primera vez una sentencia en la que se condena a Liberbank (agrupación de Caja Cantabria, Caja Extremadura y Cajastur) a la devolución del capital aportado por los clientes por la adquisición de deuda subordinada. La sentencia de la Audiencia Provincial confirma en su totalidad la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y condena en costas a la entidad (pago de abogado y procurador, devolución de las tasas judiciales…). Los demandantes sostienen que Cajastur les informó erróneamente del producto que estaban adquiriendo, pues dichos clientes pretendían adquirir un depósito cancelable en cualquier momento si requerían el capital; cuando realmente adquirieron un bono, con vencimiento a diez años, subordinado, es decir, en caso de quiebra de la entidad cobrarían antes que los accionistas pero por detrás de los acreedores preferentes, siempre y cuando a la entidad le quede liquidez después de haber pagado al resto de acreedores; además, un bono no puede ser cancelado, pues el periodo de vencimiento era en este caso de diez años, por lo que si se pretende recuperar el capital debemos encontrar a comprador, el cual puede ofrecer una cantidad inferior al valor nominal o valor inicial, en función de su cotización en el mercado.

La confirmación de la sentencia de primera instancia abre la puerta a la impugnación judicial de dichos productos, ya que la mayoría de los afectados desconocía lo que realmente estaban contratando.

Aunque Liberbank ha ofrecido recientemente la posibilidad de acudir a un canje voluntario o someterse a un canje obligatorio, no debería ser ningún problema, puesto que la entidad no ha ofrecido en ningún momento la opción de recuperar el capital, sino que se ha limitado a ofrecer acciones y/o obligaciones subordinadas necesariamente convertibles (CoCos), lo cual significa que en la fecha de amortización o incluso previamente, la entidad puede convertir esas obligaciones en acciones de la entidad, evitando así devolver directamente el capital, además, se estipula en la nota del canje[1] que Liberbank puede decidir, «a su sola discreción, cancelar el pago de la remuneración», por lo que los intereses generados por las obligaciones no están garantizados en ningún momento.



[1] Sección D.3, subtítulo 3 Factores de riesgo de las obligaciones, apartado iii).

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN EN LOS MENORES DE EDAD

Dienstag, 26 de März del 2013

Además de la normativa interna Constitución Española, art. 18 y 20.4

 

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”

 

la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y la Ley del Menor, Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, además España ha ratificado diferentes Tratados internacionales para proteger los derechos de los niños respecto al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

 

a.- Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977.

 

b.- Artículo 16 del Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.

 

c.- Artículo 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 29 de noviembre de 1985 -Reglas de Beijing -.

 

d.- Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990.

 

 

Jurisprudencia relativa a los derechos de los menores de edad:

 

a.- Sentencia del tribunal Supremo 23 de octubre de 2008: “Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de SUPERPROTECCIÓN que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra, aunque ésta tenga interés público”.

 

b.- Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de julio de 1999: “parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores”… “Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar(SSTC73/1982,110/1984,170/1987,  231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997, y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997)”

 

c.- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20) de 11 de febrero de 2005: “La divulgación de la imagen de la menor Doña Nuria y la divulgación de los datos privados de la misma a que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho precedente, debe considerarse intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en la intimidad de la citada menor, el primero al divulgarse en la portada de un diario nacional de los mayor circulación, y la segunda, en cuanto supone la publicación de DATOS, como su NOMBRE, CENTRO EN QUE CURSA SUS ESTUDIOS, curso y agresión sufrida, que es contraria a sus intereses y que le han producido una gran desazón”… “Es cierto que los derechos a la intimidad y a la propia imagen no son absolutos, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales, y que cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Pero no puede olvidarse que el artículo 20 de la Constitución ya nos dice en el número 4 que la libertad de información tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia., y que, por otra parte, La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, considera como intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor «cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o sus representantes legales» (artículo 4.3, y dicha Ley en su artículo 2 relativo a los «Principios generales», señala que «En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir»”.

 

 

El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que establece y define como intromisión ilegítima

 

“cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”. 

 

Así las cosas, los derechos a la intimidad y a la imagen son susceptibles de protección, en cuanto al interés legítimo de las menores a que no se divulgue su imagen ni sus datos relativos a su vida personal o familiar, derechos que han de prevalecer y que suponen un límite infranqueable frente al derecho a comunicar libremente información veraz por un medio de comunicación.

RECLAMACIÓN AL TRABAJADOR DE UNA SANCIÓN DE TRÁFICO

Donnerstag, 21 de März del 2013

¿Puede reclamar una empresa la sanción de tráfico a un trabajador?

La empresa podrá reclamar la sanción de tráfico al empleado siempre y cuando se den los siguientes requisitos:

1.- Que la sanción se imponga al trabajador infractor durante su jornada laboral.

2.- Que el vehículo esté a nombre de la empresa.

3.- Que el trabajador aactuase con culpa o negligencia grave, cualificada o de entidad suficiente.

La acción prescribirá al año, art. 59.1 del ET.

Sentencia Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2011, se adjunta Sentencia en formato pdf: Y, en efecto, tales acciones se enmarcarán, en su caso, en la responsabilidad contractual que consagra el art. 1101 del Código Civil, como la parte recurrente señala. Sin embargo, la exigencia del resarcimiento por daños habrá de precisar de la concurrencia de dolo o negligencia por parte del trabajador, mostrada en el desarrollo de su prestación de servicios y causante de las infracciones por las que la empresa acabó siendo sancionada. No basta, pues, con la mera imposición de tales sanciones, cuando, como en el caso, no puede deducirse de las denuncias, que las ocasionaron, la intervención directa del trabajador en el acaecimiento de las omisiones detectadas por la autoridad administrativa….

 Sentencia del tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2009, se adjunta Sentencia en formato pdf: “Ello obliga a matizar los tradicionales criterios civiles de responsabilidad indemnizatoria contractual, y a exigir para que ésta pueda surgir en el ámbito laboral, que la culpa o negligencia del trabajador sea grave, cualificada o de entidad suficiente. O lo que es igual, que no todo error, fallo u olvido del trabajador da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios que cause su actuar, lo que obliga a estar a las circunstancias de cada caso para valorar el grado de desatención de las medidas y cuidados exigibles a todo trabajador.”

PLAZO PARA RECLAMAR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO

Sonntag, 10 de März del 2013

Plazo de prescripción. Sentencia del Tribunal Supremo, SECCIÓN DE PLENO, 14 de enero de 2009.

Dice el art. 1968 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“Prescriben por el transcurso de un año:

La acción para recobrar o retener la posesión.

La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.”

 

Y el art. 1964 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.”

 

Llegados a este punto, que puede dar lugar a una interpretación errónea, es necesario concretar si la acción, para reclamar daños y perjuicios por lesiones sufridas por dolo, está sujeta al plazo de 1 año (art. 1968.2 CC) o bien, al plazo de 15 años (art. 1964 CC). Dicha cuestión ha estado resulta, aunque también previamente pero sin efectos plenarios, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,Sección PLENO, de 14 de enero de 2009, dice en su Fundamento Jurídico QUINTO párrafo segundo (siendo el subrayado nuestro):

 

“Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC. Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC. Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983 , 1 abril 1990, 19 octubre 1990 , 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004, entre muchas otras.”

 

REFORMA JUBILACIÓN

Montag, 4 de März del 2013

Carencia genérica

Para ser beneficiario de la pensión de jubilación se precisa acreditar un período mínimo de cotización de 15 años , de los que dos han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

 

 

Edad de jubilación

La edad ordinaria de jubilación es en España igual para hombres que para mujeres, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países. Desde 1919 la edad ordinaria de jubilación se fijó en España en 65 años, pero la Ley 27/2011 previó su elevación gradual hasta los 67 años a partir de 1 de enero de 2013, salvo cuando se acrediten 38 años y seis meses de cotización, supuesto en el que se mantendrán los 65 años como edad ordinaria de jubilación.

 

Año 2013:  35 años y 3 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 35 años y 3 meses cotizados, 65 años y 1 mes.

 

Año 2014:  35 años y 6 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 35 años y 6 meses cotizados, 65 años y 2 mes.

 

Etc…

 

Año 2027:  38 años y 6 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 38 años y 6 meses cotizados, 67 años.

 

 

Base reguladora

 

A partir del 1 de enero de 2013, la operación aritmética de la que resulta la base reguladora de la pensión de jubilación implica dividir por 224 (período equivalente a 12 meses por cada año de cotización, más dos pagas extraordinarias por cada uno de los 16 años de referencia) las bases de cotización del trabajador de los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

La  Ley 27/2011, incrementa sustancialmente el período computable para el cálculo de la base reguladora de la prestación, si bien ha previsto un período de aplicación paulatina. En primer lugar, el lapso temporal de referencia para el cálculo de la base reguladora se eleva de quince a veinticinco años, de modo que ya no se tomarán en cuenta únicamente 180 meses sino 300, y el resultado no se dividirá por 210 (número de pagas ordinarias y extraordinarias en quince años) sino por 350 (resultado de multiplicar 14 por 25).

A partir de 1 de enero de 2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

 

Etc…

 

A partir de 1 de enero de 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su integridad, lo establecido en el apartado 1 del artículo 162.

 

 

 

Aplicación de la escala de porcentajes.

 

Con la entrada en vigor de lo dispuesto en la  Ley 27/2011 a partir del decimosexto año cotizado, se recurre al módulo del “mes” en lugar del “año” para realizar el correspondiente cómputo, y la adecuación del porcentaje aplicable a cada tramo de cotización mensual adicional. Para las pensiones causadas durante el ejercicio 2013 , los porcentajes aplicables son los siguientes: por los primeros 15 años cotizados sigue siendo el 50%, pero a partir del año decimosexto , por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 163, se añadirá el 0,21 por 100, y por los 83 meses siguientes, se añadirá el 0,19 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo prestación de servicios más allá de la edad ordinaria de jubilación.

La  Ley 27/2011, modifica los porcentajes aplicables para determinar la cuantía de la pensión, de modo que como regla general por los primeros 15 años cotizados se aplica el 50%, pero a partir del año decimosexto , por cada mes adicional de cotización comprendidos entre los meses 1 y 248 se añade el 0,19 por 100, y por los que rebasen el mes 248 se añade el 0,19 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (DERECHO SANITARIO)

Sonntag, 3 de März del 2013

El derecho a la adecuada información y al necesario consentimiento informado surge en España con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su art. 10.5 “A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento”.

 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, arts. 3,4,5 y 10.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994, “informar al cliente, que no paciente, tanto del posible riesgo que la intervención, especialmente si esta es quirúrgica, acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se busca, y de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención”.

 

Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2008, “La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda interesar, cabe resumirla en los siguientes apartados: 1. La finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses (SS., entre otras, 23 de noviembre de 2007; 4 de diciembre de 2007; 18 de junio de 2008). Es indispensable, ypor ello ha de ser objetiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento libre y voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las complicaciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza; 2. La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva (SS. 28 de noviembre de 2007; 29 de julio de 2008); revistiendo mayor intensidad en los casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre otras, 29 de octubre de 2004; 26 de abril de 2007; 22 de noviembre de 2007); 3. Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria (SS. 17 de abril de 2007; 30 de abril de 2007; 28 de noviembre de 2007; 29 de julio de 2008). La Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 señala como información básica (art. 10.1) “los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables y las contraindicaciones”. Y en relación con los embarazos de riesgo esta Sala (SS. 7 de julio de 2002; 19 de junio y 23 de noviembre de 2007) ha hecho hincapié en la exigencia de informar de modo especial respecto a las circunstancias de dicho embarazo; es decir, sobre los riesgos del mismo; 4. En la medicina satisfactiva(dice la Sentencia de 22 de noviembre de 2007, con cita de las de 12 de febrero y de 23 de mayo del mismo año) la información debe ser objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia, dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria -prescindible- o de una necesidad relativa; y, 5. La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando no existe ningún daño vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera responsabilidad civil (SS., entre otras, 21 de diciembre de 2006 y 14 de mayo de 2008)”.

 

Por todo ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2007 “el deber de información en la medicina satisfactiva (STS de 12 febrero de 2007), en la doctrina reiterada por la jurisprudencia de esta Sala, debe ser una información objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia”.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 mayo 2003 ”La información al paciente ha dicho esta Sala ha de ser puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa y exhaustiva, es decir, que para la comprensión del destinatario se integre con los conocimientos a su alcance para poder entenderla debidamente y también ha de tratarse de información suficiente que permita contar con datos claros y precisos para poder decidir si se somete a la intervención que los servicios médicos le recomiendan o proponen. El consentimiento prestado mediante documentos impresos, carentes de todo rasgo informativo adecuado, como son los que quedan referidos, no conforma debida ni correcta información ( Sentencia de 28 de abril de 2001 y 26 de septiembre de 2000), siendo exigencia que impone el artículo 10-5 de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 y aunque se permita su práctica en forma verbal, al menos debe quedar constancia de la misma en la historia clínica del paciente y documentación hospitalaria que le afecte, como exige la Ley de 14 de noviembre de 2002…”.

BIENES PRIVATIVOS EN LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Sonntag, 17 de Februar del 2013

Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla. La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones.

 

Son bienes privativos para cada uno de los cónyuges los siguientes:

 

1º Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad.

2º Los que adquiera después por título gratuito.

3º Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.

4º Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.

5º Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles intervivos.

6º El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos.

7º Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.

8º Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.

Los bienes mencionados en los apartados 4º y 8º no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho.

 

Siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno u otro cónyuge, según a quién pertenezca el crédito.

 

Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán «pro indiviso» a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.

 

Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, constante la sociedad, por precio aplazado, tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta naturaleza.

 

Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrá siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.

Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el artículo 1354 .

LICITUD DE LAS GRABACIONES EN JUICIO

Donnerstag, 24 de Januar del 2013

LICITUD DE LAS GRABACIONES APORTADAS. El Tribunal Constitucional en su STC 114/1984, de 29 de noviembre, señala que

 

“no constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones, la conducta del interlocutor en la conversación que graba ésta”

 

Más Jurisprudencia relativa a esta cuestión:

 

a.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 16ª de lo Civil) de 4 de mayo de 2009:

 

“La obtención de la prueba no fue ilícita ni vulneró el derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones de los demandados, pues fue grabación de una conversación mantenida por quien efectuó el registro y otras personas. No fue grabación de conversación mantenida por terceros ajenos a quien grabó. Que en esos casos no hay ilicitud en el obtención de la prueba lo dijo el Tribunal Constitucional ya en sentencia de 29 de noviembre de 1994 y lo reiteró el Tribunal Supremo en las suyas de 11 de mayo de 1994 y 30 de mayo de 1995.“

 

b.- Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2000:

 

“En consecuencia, no cabe apreciar, en principio, que la grabación de una conversación por un interlocutor privado implique la violación de un derecho constitucional, que determine la prohibición de valoración de la prueba sí obtenida. Por todo ello, la inadminsión de esta prueba propuesta por la representación de las víctimas configura una actuación excesivamente rigurosa y formalista que generó indefensión a la parte proponente de la misma.”

 

c.- Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 1997:

 

“no existe vulneración del derecho a la intimidad cuando es el propio recurrente quien ha exteriorizado sus pensamientos sin coacción de ninguna especie“; “la grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción ni a la intimidad del recurrente.“

 

d.- Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1996:

 

“[...] El contenido de una conversación puede llegar al proceso por la vía de su reproducción oral si alguno de los asistentes recuerda fielmente lo conversado, o mediante la entrega de una cinta que recoja textualmente, con mayor o menor calidad de sonido, el intercambio de palabras entre los asistentes. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las transmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico.“

 

e.- Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Febrero de 1992:

 

“La grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conversación, que bien se puede grabar magnetofónicamente o dejar constancia de su contenido por cualquier otro método escrito.”

INDEMNIZACION TANTO ALZADO INCAPACIDAD

Samstag, 29 de Dezember del 2012

Con arreglo a lo previsto en el art. 139.2 de la LGSS, la pensión de incapacidad permanente total puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado, siempre que concurran las siguientes circunstancias ( art. 5 de la O. 31-7-1972):

– Que el beneficiario sea menor de 60 años.

– Que las lesiones sean definitivas, presumiéndose que no son susceptibles de modificación por revisión de la incapacidad.

– Que se acredite que el beneficiario está trabajando por cuenta ajena o propia o, en otro caso, que el importe de la indemnización se invertirá en proyectos que generen ingresos como trabajador autónomo, siempre que se tenga aptitud suficiente para desarrollar la actividad de que se trate.

– Que la solicitud se presente dentro del plazo de los tres años siguientes a la fecha de la resolución, o sentencia firme, que reconozca el derecho a la pensión de incapacidad permanente total. Si es menor de veintiún años, dentro de los tres años siguientes al cumplimiento de dicha edad.

– Que la declaración de incapacidad permanente no se haya efectuado como consecuencia del transcurso de la prórroga de efectos de la incapacidad temporal.

La cuantía de la indemnización será distinta según edad del beneficiario al momento de la solicitud y según una escala, con arreglo a la cual se alcanza el máximo de 84 mensualidades de la pensión si se tiene menos de 54 años de edad y un mínimo de 12 mensualidades a los 59 años. Al cumplir los 60 años, el beneficiario pasará a percibir la pensión reconocida inicialmente con las correspondientes revalorizaciones producidas desde el momento en que se autorizó la sustitución de la pensión. Si falleciera, causa derecho a prestaciones por muerte y supervivencia tal como si ostentara la condición de pensionista en ese momento.

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL CUALIFICADA

Samstag, 29 de Dezember del 2012

El porcentaje ordinario de la pensión por incapacidad permanente total puede verse incrementado en un 20 por 100 –alcanzándose entonces el 75 por 100– «cuando, por razones de edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de que el trabajador obtenga un empleo en actividad distinta a la habitual anterior» ( art. 139.2 LGSS). Si esta situación se produce, estamos en presencia de lo que se denomina«incapacidad permanente total cualificada». Esta situación de protección no constituye, en sentido estricto, un grado propio de incapacidad diferente al del presente apartado, sino una cuantía distinta de la prestación correspondiente al grado de incapacidad permanente total en razón de la concurrencia de diversas circunstancias socioeconómicas.

Para obtener ese incremento en el porcentaje de la pensión se requiere ser mayor de 55 años, cualquiera que fuere la edad al momento del hecho causante, así como no ejercer actividad de ningún tipo ni cobrar prestaciones por desempleo. La Resolución de 11 de abril de 1990, de la Secretaría General de la Seguridad Social, fija criterios para la aplicación del complemento del 20 por 100 a reconocer a los pensionistas de incapacidad permanente total para la profesión habitual, mayores de 55 años.

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