Archivos de agosto, 2013

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

miércoles, 7 de agosto del 2013

A la hora de determinar la figura jurídica del ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, es óbice mencionar la SAP de Barcelona (Sección 11a) de fecha 23 de julio de 2009, que dice en su fundamento jurídico segundo:

“Pues bien, por lo que respecta a la existencia de causa,es conveniente aludir a la conocida STS de 28 enero 1956, conforme a la cual la doctrina jurisprudencial que veda el enriquecimiento injusto, va encaminada a evitar un lucro contrario a la equidad y se refiere a adquisiciones patrimoniales que no se corresponden con una causa válida de atribución, siendo la noción «sin causa» de la atribución, la primordial, definitiva y básica para corregir adjudicaciones patrimoniales antijurídicas con base en el presupuesto de una situación objetivamente injusta.Además en el supuesto de autos es propio aludir también a la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal sobre el enriquecimiento injusto, siendo destacable la STS de 25 de septiembre de 1997, conforme a la cual, “El enriquecimiento injusto, figura jurídica de antigua raigambre en nuestro derecho (Las Partidas 7-34-17 ya la recogía), y que sin embargo no aparece regulada directamente en nuestra legislación, salvo de una manera colateral en el artículo 10.9 del Código Civil, que prevé una norma de Derecho Internacional privado relativa al enriquecimiento injusto, y en el art. 508 de la Compilación Civil Foral de Navarra de 1 de marzo de 1973. Pues bien, dicha teoría del enriquecimiento injusto es una creación totalmente jurisprudencial, que a través de numerosas sentencias, no sólo las citadas por la parte recurrente, sino por muchas otras más, ha construido dicha figura como una atribución patrimonial sin causa y que debe reunir ineludiblemente los siguientes requisitos:

a) un enriquecimiento por parte de una persona, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo,

b) un empobrecimiento de otra persona, como consecuencia de lo anterior, constituido por un daño positivo o por un lucro cesante,

c) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio del derecho (SS. 19 mayo 1993 y 30 septiembre 1993, como compendio de lo antedicho).”

En STS de 29 de mayo de 2002 quedan expuestos nuevamente los requisitos del enriquecimiento sin causa como: “: a) Un aumento en el patrimonio o una disminución del mismo con relación al demandado; b) Un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) Inexistencia de una causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición legal en este sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz -sentencias de 23 de mayo y 23 de noviembre de 1989, 21 de enero, 5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de octubre y 13 de diciembre de 1991 , 23 de febrero de 1992, 30 de septiembre de 1993, 31 de octubre de 1994 y 19 de diciembre de 1996, entre otras muchas-.”

Aclara también la esencia del enriquecimiento injusto STS de 6/02/06 , en la que se alude al enriquecimiento injusto, como principio general del Derecho, proveniente del Derecho romano (dos textos de Pomponio incluidos en el Digesto), recogido en Las Partidas (7a.34.17) y desarrollado por copiosa jurisprudencia. expresando que “Las sentencias de, entre otras, 23 de marzo de 1992, 8 de junio de 1995, 7 de febrero de 1997 y 31 de octubre de 2001 destacan la idea de que los hechos, no ilícitos, que provoquen un enriquecimiento sin causa de una persona y el empobrecimiento de otra, dan lugar a la obligación de reparar el perjuicio; la esencia es, pues, la atribución patrimonial sin causa, por lo que el enriquecido sin causa debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueció y así lo expresan las recientes sentencias, entre otras muchas anteriores, de 31 de octubre de 2001 y 8 de julio de 2003. “Resolución que además alude al presupuesto del principio del enriquecimiento injusto, cual es la subsidiariedad, en el sentido de que se aplica al caso cuando no hay norma legal -por ejemplo la que regula un contrato- que lo contemple, expresando que “y así lo han declarado, entre otras, las sentencias de 18 de diciembre de 1996 y, rotundamente, la de 19 de febrero de 1999 .

Lo que significa que si la Ley prevé una determinada acción, como la derivada de un contrato, no puede alegarse este principio general: así, sentencias de 19 de abril de 1990 (un caso de compraventa), 15 de diciembre de 1992 (relación jurídica derivada de un «convenio válido») 20 de abril de 1993 (una compraventa), 8 de junio de 1995 (contrato válido y eficaz).”

Por su parte la STS de 30 de septiembre de 2005, en línea con lo expuesto, deja sentado que “El éxito de dicha acción presupone la demostración de un desplazamiento patrimonial sin precedente causal, determinante de un incremento del valor de un patrimonio y del correlativo empobrecimiento de otro (sentencias de 18 de mayo de 1982, 24 de febrero de 1988, 13 de diciembre de 1991, 31 de diciembre de 1991 y 1 de junio de 2005).”

La STS de 04/06/07 incide en lo expuesto al referir que “Por otra parte, la pretensión por enriquecimiento injusto, según jurisprudencia consolidada, es inviable cuando el desplazamiento patrimonial viene justificado por una norma o por un negocio jurídico válido y eficaz, como ocurre en el caso (Sentencias de 8 de julio de 2003, 12 de julio de 2000, entre las más recientes) y la acción correspondiente tiene carácter subsidiario, de modo que no puede prosperar cuando se conceden acciones específicas, y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para interponerla (Sentencias de 19 de febrero de 1999, 12 de julio de 2000, 28 de febrero de 2003, etc.).”

PENSIÓN DE VIUDEDAD, BASE REGULADORA

lunes, 5 de agosto del 2013

Base reguladora en caso de fallecimiento por contingencias comunes

De conformidad con lo previsto en el ( art. 9 ) de la OM 13-2-1967 reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia y por el  art. 7.2   del RD 1646/1972, de 23 junio en la redacción dada por el  RD 1795/2003, de 26 diciembre, la base reguladora de la pensión de viudedad, en el caso de estar en activo, o en situación de prórroga de los efectos de la incapacidad temporal –en espera de calificación–, si el fallecimiento se produce por causa común, será el resultado de dividir por veintiocho la suma de las bases de cotización por contingencias comunes correspondientes a un período ininterrumpido de veinticuatro meses.
No importa que en ese período haya lagunas de cotización, pues en las prestaciones por muerte y supervivencia no serán objeto de integración, a diferencia de lo que sucede en las pensiones de jubilación e incapacidad permanente ( STS 26-6-1992). No se aplicará la doctrina del paréntesis  STS 20-3-2007) . No obstante, cuando no existan cotizaciones en los quince años anteriores al hecho causante, se aplica por analogía el criterio establecido para los trabajares migrantes y se toman las base de cotización de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, con las revalorizaciones que le hubieran correspondido hasta el momento del hecho causante ( STS 13-12- 2012).

A partir del 1 de enero de 2010, dicho período de veinticuatro meses de cotización será elegido por el beneficiario dentro de los quince años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante o, en su caso, a la fecha en que cesó la obligación de cotizar ( art. 179.bis   LGSS, añadida por  DF. 3ª   Ley 26/2009) . Si esto último sucede, la cuantía de la prestación que así resulte se incrementará con las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde el momento en que cesó la obligación de cotizar.
Además, el  art. 180.3   LGSS (para las prestaciones causadas a partir de la vigencia de la LO 3/2007) dispone que las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años en esos supuestos de guarda legal se computarán incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos esta prestación y la de paternidad. Igual previsión se establece para el primer año en los demás supuestos de reducción de jornada del art. 37.5 ET, salvo para el supuesto de reducción de jornada por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (añadido por Ley 39/2010), que computará el incremento hasta el 100% durante el tiempo del disfrute dicha reducción ( art. 180.3    LGSS, nuevo párrafo añadido por Ley 39/2010).
La  DT 7ª   de la LO 3/2007, no contempla una irretroactividad absoluta ya que la misma sólo va referida a las prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma pero no a los períodos de reducción de jornada disfrutados con anterioridad a esa fecha, cuyas bases de cotización deberán ser computadas al 100% ( SSTSJ País Vasco 20-9-2011 y de  Aragón 31-5-2010) , en sentido contrario  STSJ de Canarias, 30-6-2010.

 

Base reguladora en caso de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente


Cuando el fallecido tuviere la condición de pensionista por jubilación o por incapacidad permanente, la base reguladora de la pensión de viudedad será la base que sirvió para determinar la pensión del causante. En estos casos, la cuantía de la pensión se incrementará aplicando las mejoras o revalorizaciones que hayan experimentado las prestaciones de la misma naturaleza por muerte y supervivencia, desde la fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven ( art. 7.3    D. 1646/1972, de 23 junio, modificado por el  RD 1795/2003, de 26 diciembre).
En caso de fallecimiento del trabajador durante la situación de “jubilación flexible” (esto es, jubilación conjugada con trabajo a tiempo parcial una vez causada la correspondiente pensión), las prestaciones por muerte y supervivencia que pueda causar se calcularán a opción de los beneficiarios desde la situación de activo del causante o desde la situación de pensionista del mismo ( art. 8   RD 1132/2002).
Para el caso de que el fallecimiento del causante se produjera con anterioridad a la declaración de la incapacidad permanente, habiéndose iniciado el expediente con anterioridad, se ha discutido cuál sea el sistema de determinación de la base reguladora: si como derivada de la situación de pensionista ( art. 7.2   D 1646/1972), o como derivada de activo (art. 9   OM 13-2-1967).
La jurisprudencia defiende que se ha de tomar en consideración como elemento determinante el momento del hecho causante de la viudedad y, por consiguiente, se ha de estar a la condición que ostentara el causante en tal momento, aunque la declaración formal de incapacidad retrotraiga sus efectos a un momento anterior a la muerte. Distingue el Alto Tribunal entre estar incapacitado para trabajar al momento del fallecimiento y ser beneficiario de una pensión de incapacidad en dicho momento. Si no sucede lo segundo, se han de aplicar las reglas determinativas de la base reguladora de la pensión de viudedad que son propias de la condición de activo, no las de pensionista, por no ostentar esta condición al momento del hecho causante ( STS 18-2-1994;  STS 28-9-1995 ;  STS 5-3-1999).

Este sistema de cálculo (situación derivada como pensionista) es aplicable por analogía al causante, beneficiario del subsidio de desempleo , que cumple los requisitos de acceso a la prestación pero no acredita bases computables en los quince años anteriores al hecho causante ( STS 21-3-2012).
También se ha aplicado las prestaciones causadas por quien fallece, sin ser pensionista ni perceptor de subsidio alguno y no acredita bases computables en los quince años anteriores al hecho causante, si bien en este caso las revalorizaciones sólo se aplican desde la fecha del reconocimiento de la pensión de viudedad ( STS 21-11-2007).

Aunque el pensionista de invalidez no contributiva no genere derecho a pensión de viudedad contributiva, tal situación puede ser considerada asimilada al alta ( STS 20-12-2005).

Porcentaje aplicable 


Hay diversos porcentajes a aplicar en función de la situación personal y económica de la persona beneficiaria:

 

a) Con carácter general , el importe inicial de la pensión de viudedad se calcula mediante la aplicación, a la base reguladora de un porcentaje del 52 por 100 ( art. 31.1   del D. 3158/1966, de 23 diciembre, modificado por el  RD 1795/2003, de 26 diciembre).
Se aplaza sine die la aplicación del incremento del 1% previsto a partir del 1 de enero de 2012 por la  DA 30ª   Ley 27/2011, para aquellas personas mayores de 65 años que carezcan de rentas o ingresos superiores en cómputo anual al límite de ingresos establecido en cada momento para acceder a la pensión de viudedad o que no tengan derecho a otra pensión pública. Conforme a esta previsión, el incremento del 1% se iría aplicando hasta alcanzar el 60% en un plazo de 8 años en 2019 ( DA 83ª   Ley 17/2012.)

B) Cuando la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos del pensionista, si éstos no superan los límites establecidos y el pensionista tiene «cargas familiares» (entendido todo ello de acuerdo con el  art. 31   D 3158/1966, modificado por  RD 1465/2001), el porcentaje será del 70 por 100 , siempre con los topes reglamentariamente establecidos. Los mencionados requisitos deberán concurrir durante todo el período de percepción de la pensión.
A efectos de lucrar la pensión de viudedad en porcentaje del 70 %, las cargas familiares a tener en cuanta están integradas no solo por los hijos habidos con el causante de la pensión de viudedad, sino también por los hijos habidos con posterioridad, aunque viva el padre de éstos y está obligado a prestar alimentos ( STS 2-10-2008 )

C) Si habiendo mediado divorcio o nulidad matrimonial se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos del  art. 173.3   LGSS ( art. 174.2   LGSS). A estos efectos se entenderá como tiempo convivido con el causante, el transcurrido desde la celebración del matrimonio hasta la fecha de efectos de la separación judicial, del divorcio o de la nulidad declarados por sentencia firme. De no existir pronunciamiento judicial expreso acerca del tiempo de convivencia matrimonial efectiva o ésta no pueda deducirse de los hechos probados en la sentencia o probarse por cualquier medio admitido en derecho, se entenderá como fecha de extinción de la convivencia efectiva la de la sentencia de separación, divorcio o nulidad.
Cuando exista un único beneficiario le corresponde la cuantía integra.
A partir del 1 de enero de 2010, en los casos de separación judicial o divorcio , si el importe de la pensión compensatoria pactada fuera inferior a la cuantía de la pensión que le corresponda, ésta se disminuirá hasta alcanzar el importe de la pensión compensatoria ( 174.2   LGSS, modificado por  DF 3ª   Ley 26/2009).
Recuérdese que la concurrencia sólo puede darse en el divorciado, no en el separado ( STS 26-9-2000).
Cuando la pensión de viudedad del excónyuge se reduce hasta alcanzar el importe inferior de la pensión compensatoria, tal porción debe incrementar la pensión de viudedad del cónyuge sobreviviente causante, dado que el importe de la pensión única debe quedar distribuida entre todos los beneficiarios ( STSJ de Asturias de 11-5-2012).
La cuantía de la pensión de viudedad, en los casos de separación judicial, cuando posteriormente se ha reanudado la convivencia del matrimonio pero no se ha comunicado o producido la reconciliación ante el Juzgado, se concede en proporción al tiempo de convivencia anterior a la separación judicial, sin incluir la convivencia de hecho posterior ( STS 15-12-2004). En el mismo sentido,  SSTS 23-2-2006,  26-10-2006,  STS 24-7-2007,  STS 28-11-2006,  STS 29-5-2008  y  STS 7-12-2011).
En caso de concurrencia de beneficiarios, los complementos por mínimos se aplican en proporción al tiempo de convivencia con el causante y se abonan en igual porcentaje que la pensión de viudedad ( STS 20-5-2002), incluso cuando exista un único beneficiario ( STS 17-9-2008).

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