Archivos de marzo, 2013

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN EN LOS MENORES DE EDAD

martes, 26 de marzo del 2013

Además de la normativa interna Constitución Española, art. 18 y 20.4

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”

la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y la Ley del Menor, Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, además España ha ratificado diferentes Tratados internacionales para proteger los derechos de los niños respecto al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

a.- Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977.

b.- Artículo 16 del Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.

c.- Artículo 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 29 de noviembre de 1985 -Reglas de Beijing -.

d.- Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990.

Jurisprudencia relativa a los derechos de los menores de edad:

a.- Sentencia del tribunal Supremo 23 de octubre de 2008: “Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de SUPERPROTECCIÓN que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra, aunque ésta tenga interés público”.

b.- Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de julio de 1999: “parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores”… “Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar(SSTC73/1982,110/1984,170/1987,  231/1988, 20/1992, 143/1994, 151/1997, y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997)”

c.- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20) de 11 de febrero de 2005: “La divulgación de la imagen de la menor Doña Nuria y la divulgación de los datos privados de la misma a que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho precedente, debe considerarse intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en la intimidad de la citada menor, el primero al divulgarse en la portada de un diario nacional de los mayor circulación, y la segunda, en cuanto supone la publicación de DATOS, como su NOMBRE, CENTRO EN QUE CURSA SUS ESTUDIOS, curso y agresión sufrida, que es contraria a sus intereses y que le han producido una gran desazón”… “Es cierto que los derechos a la intimidad y a la propia imagen no son absolutos, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales, y que cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Pero no puede olvidarse que el artículo 20 de la Constitución ya nos dice en el número 4 que la libertad de información tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia., y que, por otra parte, La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, considera como intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor «cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o sus representantes legales» (artículo 4.3, y dicha Ley en su artículo 2 relativo a los «Principios generales», señala que «En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir»”.

El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que establece y define como intromisión ilegítima

“cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”. 

Así las cosas, los derechos a la intimidad y a la imagen son susceptibles de protección, en cuanto al interés legítimo de las menores a que no se divulgue su imagen ni sus datos relativos a su vida personal o familiar, derechos que han de prevalecer y que suponen un límite infranqueable frente al derecho a comunicar libremente información veraz por un medio de comunicación.

RECLAMACIÓN AL TRABAJADOR DE UNA SANCIÓN DE TRÁFICO

jueves, 21 de marzo del 2013

¿Puede reclamar una empresa la sanción de tráfico a un trabajador?

La empresa podrá reclamar la sanción de tráfico al empleado siempre y cuando se den los siguientes requisitos:

1.- Que la sanción se imponga al trabajador infractor durante su jornada laboral.

2.- Que el vehículo esté a nombre de la empresa.

3.- Que el trabajador aactuase con culpa o negligencia grave, cualificada o de entidad suficiente.

La acción prescribirá al año, art. 59.1 del ET.

Sentencia Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2011, se adjunta Sentencia en formato pdf: Y, en efecto, tales acciones se enmarcarán, en su caso, en la responsabilidad contractual que consagra el art. 1101 del Código Civil, como la parte recurrente señala. Sin embargo, la exigencia del resarcimiento por daños habrá de precisar de la concurrencia de dolo o negligencia por parte del trabajador, mostrada en el desarrollo de su prestación de servicios y causante de las infracciones por las que la empresa acabó siendo sancionada. No basta, pues, con la mera imposición de tales sanciones, cuando, como en el caso, no puede deducirse de las denuncias, que las ocasionaron, la intervención directa del trabajador en el acaecimiento de las omisiones detectadas por la autoridad administrativa….

 Sentencia del tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2009, se adjunta Sentencia en formato pdf: “Ello obliga a matizar los tradicionales criterios civiles de responsabilidad indemnizatoria contractual, y a exigir para que ésta pueda surgir en el ámbito laboral, que la culpa o negligencia del trabajador sea grave, cualificada o de entidad suficiente. O lo que es igual, que no todo error, fallo u olvido del trabajador da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios que cause su actuar, lo que obliga a estar a las circunstancias de cada caso para valorar el grado de desatención de las medidas y cuidados exigibles a todo trabajador.”

PLAZO PARA RECLAMAR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO

domingo, 10 de marzo del 2013

Plazo de prescripción. Sentencia del Tribunal Supremo, SECCIÓN DE PLENO, 14 de enero de 2009.

Dice el art. 1968 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“Prescriben por el transcurso de un año:

La acción para recobrar o retener la posesión.

La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.”

Y el art. 1964 del CC (siendo el subrayado nuestro):

“La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción a los quince.”

Llegados a este punto, que puede dar lugar a una interpretación errónea, es necesario concretar si la acción, para reclamar daños y perjuicios por lesiones sufridas por dolo, está sujeta al plazo de 1 año (art. 1968.2 CC) o bien, al plazo de 15 años (art. 1964 CC). Dicha cuestión ha estado resulta, aunque también previamente pero sin efectos plenarios, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,Sección PLENO, de 14 de enero de 2009, dice en su Fundamento Jurídico QUINTO párrafo segundo (siendo el subrayado nuestro):

“Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC. Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC. Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983 , 1 abril 1990, 19 octubre 1990 , 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004, entre muchas otras.”

REFORMA JUBILACIÓN

lunes, 4 de marzo del 2013

Carencia genérica

Para ser beneficiario de la pensión de jubilación se precisa acreditar un período mínimo de cotización de 15 años , de los que dos han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

 

Edad de jubilación

La edad ordinaria de jubilación es en España igual para hombres que para mujeres, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países. Desde 1919 la edad ordinaria de jubilación se fijó en España en 65 años, pero la Ley 27/2011 previó su elevación gradual hasta los 67 años a partir de 1 de enero de 2013, salvo cuando se acrediten 38 años y seis meses de cotización, supuesto en el que se mantendrán los 65 años como edad ordinaria de jubilación.

Año 2013:  35 años y 3 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 35 años y 3 meses cotizados, 65 años y 1 mes.

Año 2014:  35 años y 6 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 35 años y 6 meses cotizados, 65 años y 2 mes.

Etc…

Año 2027:  38 años y 6 meses o más cotizados, 65 años de edad exigida /  menos de 38 años y 6 meses cotizados, 67 años.

Base reguladora

 

A partir del 1 de enero de 2013, la operación aritmética de la que resulta la base reguladora de la pensión de jubilación implica dividir por 224 (período equivalente a 12 meses por cada año de cotización, más dos pagas extraordinarias por cada uno de los 16 años de referencia) las bases de cotización del trabajador de los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

La  Ley 27/2011, incrementa sustancialmente el período computable para el cálculo de la base reguladora de la prestación, si bien ha previsto un período de aplicación paulatina. En primer lugar, el lapso temporal de referencia para el cálculo de la base reguladora se eleva de quince a veinticinco años, de modo que ya no se tomarán en cuenta únicamente 180 meses sino 300, y el resultado no se dividirá por 210 (número de pagas ordinarias y extraordinarias en quince años) sino por 350 (resultado de multiplicar 14 por 25).

A partir de 1 de enero de 2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

Etc…

A partir de 1 de enero de 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su integridad, lo establecido en el apartado 1 del artículo 162.

 

Aplicación de la escala de porcentajes.

Con la entrada en vigor de lo dispuesto en la  Ley 27/2011 a partir del decimosexto año cotizado, se recurre al módulo del “mes” en lugar del “año” para realizar el correspondiente cómputo, y la adecuación del porcentaje aplicable a cada tramo de cotización mensual adicional. Para las pensiones causadas durante el ejercicio 2013 , los porcentajes aplicables son los siguientes: por los primeros 15 años cotizados sigue siendo el 50%, pero a partir del año decimosexto , por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 163, se añadirá el 0,21 por 100, y por los 83 meses siguientes, se añadirá el 0,19 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo prestación de servicios más allá de la edad ordinaria de jubilación.

La  Ley 27/2011, modifica los porcentajes aplicables para determinar la cuantía de la pensión, de modo que como regla general por los primeros 15 años cotizados se aplica el 50%, pero a partir del año decimosexto , por cada mes adicional de cotización comprendidos entre los meses 1 y 248 se añade el 0,19 por 100, y por los que rebasen el mes 248 se añade el 0,19 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (DERECHO SANITARIO)

domingo, 3 de marzo del 2013

El derecho a la adecuada información y al necesario consentimiento informado surge en España con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su art. 10.5 “A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento”.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, arts. 3,4,5 y 10.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994, “informar al cliente, que no paciente, tanto del posible riesgo que la intervención, especialmente si esta es quirúrgica, acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se busca, y de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención”.

Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2008, “La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda interesar, cabe resumirla en los siguientes apartados: 1. La finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses (SS., entre otras, 23 de noviembre de 2007; 4 de diciembre de 2007; 18 de junio de 2008). Es indispensable, ypor ello ha de ser objetiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento libre y voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las complicaciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza; 2. La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva (SS. 28 de noviembre de 2007; 29 de julio de 2008); revistiendo mayor intensidad en los casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre otras, 29 de octubre de 2004; 26 de abril de 2007; 22 de noviembre de 2007); 3. Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria (SS. 17 de abril de 2007; 30 de abril de 2007; 28 de noviembre de 2007; 29 de julio de 2008). La Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 señala como información básica (art. 10.1) “los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables y las contraindicaciones”. Y en relación con los embarazos de riesgo esta Sala (SS. 7 de julio de 2002; 19 de junio y 23 de noviembre de 2007) ha hecho hincapié en la exigencia de informar de modo especial respecto a las circunstancias de dicho embarazo; es decir, sobre los riesgos del mismo; 4. En la medicina satisfactiva(dice la Sentencia de 22 de noviembre de 2007, con cita de las de 12 de febrero y de 23 de mayo del mismo año) la información debe ser objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia, dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria -prescindible- o de una necesidad relativa; y, 5. La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando no existe ningún daño vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera responsabilidad civil (SS., entre otras, 21 de diciembre de 2006 y 14 de mayo de 2008)”.

 

Por todo ello, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2007 “el deber de información en la medicina satisfactiva (STS de 12 febrero de 2007), en la doctrina reiterada por la jurisprudencia de esta Sala, debe ser una información objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 mayo 2003 ”La información al paciente ha dicho esta Sala ha de ser puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa y exhaustiva, es decir, que para la comprensión del destinatario se integre con los conocimientos a su alcance para poder entenderla debidamente y también ha de tratarse de información suficiente que permita contar con datos claros y precisos para poder decidir si se somete a la intervención que los servicios médicos le recomiendan o proponen. El consentimiento prestado mediante documentos impresos, carentes de todo rasgo informativo adecuado, como son los que quedan referidos, no conforma debida ni correcta información ( Sentencia de 28 de abril de 2001 y 26 de septiembre de 2000), siendo exigencia que impone el artículo 10-5 de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 y aunque se permita su práctica en forma verbal, al menos debe quedar constancia de la misma en la historia clínica del paciente y documentación hospitalaria que le afecte, como exige la Ley de 14 de noviembre de 2002…”.

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