Archivos de julio, 2011

Separación y Divorcio

miércoles, 20 de julio del 2011

¿Cuáles son las diferencias entre la separación y el divorcio?

La separación consiste en una autorización que da el Juez a los cónyuges para que puedan vivir separados de cuerpos y bienes. La separación impide a los cónyuges que puedan volver a contraer matrimonio, pues el vínculo matrimonial no se ha disuelto.

Con el divorcio, el vínculo matrimonial se disuelve, y los cónyuges pueden volver a contraer matrimonio (civil pero no canónico salvo que se solicite y se conceda la nulidad matrimonial).

Procedimientos

Las demandas de separación y divorcio se pueden presentar ante los Juzgados, bien de mutuo acuerdo,  bien por la vía contenciosa (cuando uno de los cónyuges no acepta la separación o el divorcio).

Mutuo acuerdo

El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda por ambos cónyuges conjuntamente o sólo por uno con el consentimiento del otro. Dicha demanda debe ir acompañada de un convenio regulador  firmado por los esposos (documento en el que se detallan las medidas que regularán en el futuro la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, las pensiones alimenticia y compensatoria y el uso del domicilio familiar, entre otras), y que deben ratificar  ambos cónyuges en el Juzgado. Los cónyuges pueden llevar el mismo abogado y procurador.

Contencioso

En el procedimiento de divorcio contencioso la demanda será presentada por uno sólo de los cónyuges, por lo que no se acompañará a la misma propuesta de convenio regulador, pero será preciso indicar en la misma las medidas que deban adoptarse respecto de la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, las pensiones alimenticia y compensatoria y el uso de de la vivienda familiar, a fin de que sean establecidas por el Juez en la sentencia que decrete el divorcio. Es un procedimiento más largo, complicado y costoso. Se debe acudir con un abogado y procurador diferente.

Documentos

a.- certificado del matrimonio

b.- certificado de nacimiento de los hijos

c.- certificado de empadronamiento o residencia

d.- Declaración tributaria años anteriores

e.- Títulos de propiedad (terrenos, viviendas, vehículos…)

f.- Nóminas del último año.

g.- Certificaciones bancarias.

h.- Cualquier otro documento que estime conveniente.

Derechos sobre los bienes hereditarios antes de la partición

lunes, 18 de julio del 2011

Cuando la aceptación de le herencia se hace pura y el patrimonio es solvente: Si se dan ambos requisitos no hay problema alguno pero si el patrimonio no resulta suficiente, puede peligrar el derecho de los acreedores, al verse los acreedores de los herederos con los acreedores del causante, y éstos últimos se podrán dirigir contra los bienes privativos del heredero.  Antes de la partición, los acreedores de un heredero no se pueden dirigir, a diferencia con los acreedores del causante, contra bienes concretos de la herencia; sólo se pueden dirigir contra el derecho hereditario en abstracto o sobre los bienes privativos del heredero deudor. Finalmente, el art. 46 LH, permite que el derecho hereditario, ius hereditatis, pueda ser objeto de anotación preventiva cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de los mismos.

Acreedores de un heredero: Los acreedores de un heredero no pueden intervenir, en la decisión de éste, para que acepte o repudie la herencia.  La única excepción a la regla anterior la encontramos en el art. 1.001 CC, permitiendo a los acreedores solicitar al Juez que autorice a aceptarla en nombre del heredero deudor que repudia la herencia con ánimo de perjudicar a los acreedores.

Heredero que acepta a beneficio de inventario: La aceptación a beneficio de inventario no perjudica a los acreedores, todo ello debido a la responsabilidad ultra vires. POr otra parte, el art. 1.034 CC, impide que los acreedores particulares del heredero puedan mezclarse en las operaciones de la herencia hasta que sean pagados los acreedores del causante y legatarios.

Concurso de la herencia:  La herencia puede ser objeto de concurso, art. 1 LC. Los acreedores personales de los herederos, que hubiesen aceptado la herencia a beneficio de inventario, sólo pueden solicitar el embargo del remanente que pudiera quedar tras la liquidación del concurso, art. 1.034 CC, y por no decir casi improbable que puedan obtener resultado.  Además, no pueden solicitar el concurso de la herencia.


La extinción del contrato para obra o servicio determinado

martes, 12 de julio del 2011

El contrato para obra o servicio determinados, suscrito con anterioridad al 18 de junio de 2010, se extinguirá cuando se termine efectivamente la obra o servicio contratados, previa denuncia o comunicación de la empresa, art. 8.1.a) RD 2720/1998, que puede ser verbal o escrita, siempre que se acredite su recepción por el trabajador, para lo cual resulta más efectiva su formalización escrita y su firma por el mismo.

Los contratos celebrados a partir del 18 de junio de 2010 , se extinguirán cuando finalice la obra o servicio contratado siempre que la duración de estos no exceda de los límites del art. 15.1 a) ET. Si la duración de la obra o servicio exceden de plazo de duración de tres años o, en su caso, del ampliado por convenio colectivo (hasta doce meses más), también se extinguirán al vencer los citados plazos, pero para transformarse en contrato indefinido, art. 15.1 a) ET, en relación con la disp. transit. 1ª Ley 35/2010. En este caso, el empresario viene obligado a entregar al trabajador un documento justificativo de la nueva condición adquirida (trabajador fijo de plantilla), en el plazo de días siguientes al del vencimiento de los tres años o del ampliado por convenio colectivo, art. 15.9 ET.

La denuncia deberá hacerse con quince días de antelación -preaviso- en los contratos de duración superior a un año, y en caso de incumplimiento de ese plazo deberá indemnizarse con los días de salario correspondientes a los días de preaviso incumplido , art. 8.3 RD 2720/1998.

Si el contrato no se denuncia y continúa ejecutándose la prestación de trabajo, el mismo se entenderá prorrogado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario sobre la naturaleza temporal del trabajo, art. 49.1.c) ET y art. 8.2 RD 2720/1998.

Cuando se trate de un contrato de obra o servicio condicionado a la duración de una contrata, la finalización de la contrata conlleva, como regla general, la extinción del contrato, salvo en los siguientes supuestos:

a) La resolución anticipada de la contrata por decisión unilateral de la empresa contratista o encargada o por acuerdo de las partes que la suscribieron, no autoriza a extinguir el contrato de trabajo ya que no se está ante una finalización de la contrata por causa ajena a la voluntad de los contratistas o por el transcurso del plazo contractualmente previsto de duración de la contrata que impusiera la terminación del encargo.

b) La novación, renovación o sustitución de la contrata por otra posterior con la misma empresa y el mismo objeto, independientemente de que así se hubiere pactado en el contrato.

c) Cuando la extinción se ampara en una cláusula rescisoria que por la generalidad de sus términos, carezca de virtualidad suficiente para delimitar la causa del contrato y por ende su duración, al resultar imposible judicialmente determinar si el contrato por obra o servicio cuestionado se ha extinguido válidamente.

A la finalización del contrato la empresa viene obligada a pagar al trabajador una indemnización cuya cuantía varía en función de la fecha de su celebración art. 48.1 c) , en relación con disp. transit. 13ª del ET, en la redacción dada por el art. 1 Ley 35/2010:

- ocho días de salario por año de servicio para los celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011.

-nueve días para los celebrados a partir del 1 de enero de 2012.

-diez días para los celebrados a partir del 1 de enero de 2013.

-once días para los celebrados a partir del 1 de enero de 2014.

-doce días a partir del 1 de enero de 2015.

Las Recompensas penitenciarias

lunes, 11 de julio del 2011

Se debe entender por recompensa penitenciaria, aquellos premios – regulados en la normativa penitenciaria española -  que se conceden por las Instituciones Penitenciarias a los internos y que derivan por la buena conducta que han manifestado durante un período de su internamiento.

El interno tiene reconocidos dos sistemas de estímulos: a). El negativo o régimen disciplinario, que castiga el comportamiento del interno, b).- El sistema positivo o de recompensas, que incentiva la conducta positiva del interno. No debemos entender la conducta positiva del interno como un numerus clausus sino que se debe aplicar conjuntamente con el art. 46 LOGP, ampliándose al espíritu del trabajo, al sentido de la responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento.  Centrándonos en las medidas positivas, las recompensas, es materia atribuida a la Comisión Disciplinaria del estalecimiento penitenciario “el otorgar las recompensas en este Reglamento, determinando, en cada caso, su cuantía y ordenar la anotación de la concesión en el expediente personal del recompensado”  art. 277.2.g) RP. Sin perjuicio de lo anterior, el apartado primero del art. 277, señala “a la Comisión Disciplinaria corresponde ejercer la potestad disciplinaria penitenciaria en la forma regulada en el Título X de este Reglamento y acordar la concesión de las recompensas que procedan a los internos”.

Listado de recompensas

Se encuentran reguladas en el art. 263 RP, “Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el Establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas:

  1. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales.
  2. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del Centro.
  3. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales.
  4. Reducciones de las sanciones impuestas.
  5. Premios en metálico.
  6. Notas meritorias.
  7. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios”.

El listado anteriormente anotado no debe entenderse como un sistema de numerus clausus sino de numerus apertus al permitirse en la letra g) la posibilidad de otros premios diferentes que pueda considerar la Comisión Disciplinaria, con tal que guarden analogía a los contemplados en los apartados precedentes.

Incapacidades laborales

domingo, 10 de julio del 2011

LGSS distingue y enumera cuatro grados de incapacidad permanente, que rigen con independencia de que la incapacidad se origine por contingencias comunes o contingencias profesionales:

Incapacidad permanente parcial. El grado de incapacidad permanente parcial se refiere a la profesión habitual del trabajador, y corresponde a la situación en la que, sin alcanzar el grado de total, el trabajador sufre una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin que esté impedido para la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión habitual.

Incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total también se valora en relación con la profesión habitual, de modo que corresponde tal grado cuando la reducción en su capacidad inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta no se conecta a la profesión habitual, pues inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.
Gran invalidez. Se considera como gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

El tiempo de cotización necesario para acceder a la pensión de incapacidad permanente varía según el grado de incapacidad y, en algún caso, de la concurrencia o no del requisito de alta y de la edad del interesado.
Respecto a las cuantías, se determinan por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido.

Derechos del detenido

miércoles, 6 de julio del 2011

En la Constitución

Con carácter general aparecen establecidos en el art. 17 de la Constitución. Este artículo dispone:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional»

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Art. 520 LECrim recoge un listado de derechos que corresponden a la persona detenida. Conforme a dicho artículo, serán los siguientes:

«1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.
d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.
e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias del apartado 2 d) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un abogado de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.
Si transcurrido el plazo de ocho horas desde la comunicación realizada al Colegio de Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados designados.
5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico.
6. La asistencia del Abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el núm. 2 del artículo 520 LECrim y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f).
b) Solicitar de la autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido»

El art. 775 LECrim para el ámbito de procedimiento abreviado y los juicios rápidos (art. 797.1.3ª LECrim) señala:

«En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.
Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del artículo 527»

Novedades introducidas por este precepto:
1.- La obligación de comunicar al imputado los hechos que se le imputan.
2.- El tema de las notificaciones informándole de la posibilidad del juicio en ausencia
3.- La entrevista con el Abogado puede tener lugar tanto antes como después de prestar declaración, a diferencia de lo establecido en el art. 520.6.c) LECrim que claramente impone que la entrevista será al término de la práctica de la diligencia, es decir, después de ella.

Sobre la incomunicación, dispone el art. 527 LECrim:

«el detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de lo establecido en el artículo 520, con las siguientes modificaciones:
a) En todo caso, su Abogado será designado de oficio.
b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado d) del número 2.
c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el apartado c) del número 6»

Los derechos de los socios en la Ley de Sociedades de Capital

miércoles, 6 de julio del 2011

Antecedentes
El BOE de 3 de julio de 2010 publicó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. De este modo, se derogan:
1.- Los artículos 151 a 157 del Código de Comercio de 1885.
2.- El TRLSA de 1989.
3.- La LSRL de 1995.
4.- Los arts. 111 a 117 de la LMV de 1988, excepto los apartados 2º y 3º del art. 114 y los arts. 116 y 116bis.

La LSC entró en vigor el 1 de septiembre de 2010.

Derecho de los socios en la LSC
Los derechos de los socios se encuentran regulados en los arts. 93 a 97 de la LSC. El primer precepto (art. 93), contiene una enumeración – de numerus apertus, salvo en los supuestos limitados por la LSC – de los derechos que se les reconocerán a los socios en sus estatutos sociales. Estos derechos son los siguientes:
a.-  El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
b.- El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
c.- El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
d.-El de información.
El art. 93 debe entenderse con la redacción del art. 97, sobre la igualdad de trato, y la Sociedad constituida deberá dar un trato igual a todos los socios siempre y cuando se encuentren en condiciones idénticas. Dicho en otras palabras, no todos los socios se encuentran en la misma posición jurídica respecto a sus derecho y obligaciones, y la Sociedad podrá otorgar una posición preferente a unos socios respecto de otros, con arreglo a los arts. 94 a 96 de la LSC.
El primer precepto que examinaremos es el art. 94 de la LSC.  Como ya sabemos, el art. 1 de la LSC, apartados segundo y tercero, recoge la misma solución adoptada en los arts. 1 de la LSA y LSRL, al señalar que el capital social de las sociedades anónimas estará dividido en acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada en participaciones sociales. Las participaciones sociales y las acciones pueden otorgar derechos diferentes. La división de las acciones se lleva por medio de dos términos, las clases y las series, perteneciendo éstas últimas a las clases. De este modo una clase engloba una serie de acciones, todas ellas con los mismos derechos para los accionistas. Dentro de una clase se pueden constituir series de acciones, y éstas deberán tener el mismo valor nominal. El último párrafo del art. 94 LSC, habilita a las sociedades para emitir acciones o participaciones preferentes, pero siempre su emisión estará sometida a las reglas de la modificación de los estatutos. Sus corolarios en la LSA y LSRL son los arts. 49 y 50.1 respectivamente.
La regulación anterior de las sociedades anónimas, en su art. 50.3 ya regulaba las acciones privilegiadas. Actualmente el privilegio en el reparto de las ganancias patrimoniales comprende el art. 94 de la LSC. El primer párrafo es una garantía a favor de los titulares de las participaciones sociales o acciones, al prohibir la entrega de dividendos con cargo a los beneficios mientras no se hayan satisfecho – abonado el dividendo privilegiado que les corresponda. En segundo lugar, y salvo que los estatutos dispongan lo contrario, el reparto de los dividendos – siempre y cuando existan beneficios distribuibles y no sometidos a reservas – (del apartado anterior) deberá ser entregado a favor de los titulares de las participaciones o acciones. Finalmente, el último apartado, deberán los estatutos prever las consecuencias de la falta de pago total o parcial del dividendo preferente, si este tiene o no carácter acumulativo en relación a los dividendos no satisfechos, todo ello en aras de proteger y beneficiar a los titulares de participaciones y acciones.
En último lugar, el art. 96 hace referencia a las prohibiciones en materia de privilegio y ha sufrido una modificación sustancial respecto al art. 50.2 de la LSA que regulaba las acciones privilegiadas. Actualmente no se podrán crear participaciones sociales, para las sociedades de responsabilidad limitada, ni la emisión de acciones, en las sociedades anónimas, que lleven aparejadas el derecho a percibir interés. De igual modo, en las acciones, tampoco se podrán emitir las que directamente o de una forma indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de preferencia (derecho de suscripción preferente). Y el último párrafo recoge la posición del anterior, para hacerlo extensible a las participaciones sociales.

La hipoteca inversa

sábado, 2 de julio del 2011

La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, sobre reforma del Mercado Hipotecario, introduce esta figura en la Disposición 1ª, ocupándose también de la misma en la  4ª.  Entre otros efectos, esta regulación excluye para las hipotecas inversas la aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria.

A los efectos de esta Ley se entenderá por hipoteca inversa (o hipoteca pensión) el préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya una vivienda habitual, solicitado por una persona física y que cumpla los siguientes requisitos:

a) que el solicitante sea una persona de edad igual o superior a los 65 años o afectada de dependencia

b) que la finalidad del crédito o préstamo sea obtener para el solicitante, directa o indirectamente, una renta, sin perjuicio de la disposición de parte del crédito o préstamo de una sola vez.

Las hipotecas a que se refiere esta disposición sólo podrán ser concedidas por las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

Despido improcedente

sábado, 2 de julio del 2011

Concepto

El despido será calificado de improcedente cuando no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en la carta de despido ( art. 55.4 ET y art. 108.1 LPL).

Improcedencia derivada de la inobservancia de la forma

También se calificará el despido como improcedente cuando se incumplan los requisitos de forma establecidos en el art. 55.1 ET ( art. 55.4 ET y 108.1 LPL).

El despido se calificará como improcedente:

a) si no se notifica por escrito

b) cuando la carta de despido no contenga una descripción suficiente de los hechos imputados

c) cuando la carta no indique la fecha de efectos del despido

d) cuando se incumpla la tramitación del expediente disciplinario o procedimiento sancionador establecido para las sanciones muy graves en el convenio colectivo

e) cuando se omita la tramitación del expediente contradictorio en supuestos de representantes de los trabajadores

f) el trámite de audiencia previa a los delegados sindicales en supuestos de trabajadores afiliados a un sindicato.

Calificación como improcedente del despido por circunstancias objetivas

El despido por causas objetivas será calificado de improcedente en dos supuestos. En primer lugar por defectos en la causa , esto es, cuando no exista causa, no se acredite la causa alegada o ésta sea insuficiente ( art. 122.1 LPL).

En concreto, es improcedente el despido en el que no se cumplan los requisitos de comunicación escrita y de puesta a disposición de la pertinente indemnización. La falta de preaviso (y la falta de licencias durante ese periodo de preaviso) no conduce a la improcedencia, sin perjuicio de la obligación empresarial de abonar los salarios correspondientes al periodo no respetado. La misma consideración tiene el error excusable en el cálculo de la indemnización , que no determina la improcedencia del despido aunque sí obliga al empresario a subsanar la cuantía de referencia ( arts. 53.4 ET y 122.3 LPL).

Un matrimonio maliayés, primero de Asturias que reclama dinero por el robo de su bebé

sábado, 2 de julio del 2011
Luisa Mari García dio a luz en Cabueñes a una niña prematura el 17 de julio de 1977. A los dos días le notificaron la muerte, pero no pudo ver el cadáver.

VILLAVICIOSA, MARIOLA MENÉNDEZ
Ningún padre, posiblemente, esté preparado para afrontar la muerte de un hijo, pero mucho menos para que se lo roben en el propio hospital, al poco de nacer, sin más explicaciones que la de un fallecimiento repentino difícil de entender. La que podría ser una de las peores experiencias de la vida la sufren, después de casi 34 años, Sergio Cabañas Granda y María Luisa Amparo (Luisa Mari) García Llosa.

Este matrimonio de Villaviciosa es, según el abogado ovetense de la pareja, Fruela Río Santos, el primero de la región que ha presentado una reclamación patrimonial contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) por considerarlo el responsable de los hechos que denuncian y que ocurrieron en el antiguo Hospital de Cabueñes, de Gijón, hace más de 30 años. Advierten de que si llegan a agotar la primera vía, la administrativa, que tiene un plazo legal de seis meses para contestar y por la que piden una indemnización al Principado, están decididos a emprender la segunda, la judicial. Todo es poco para tratar de mitigar el sufrimiento vivido y el tiempo que hubieran podido disfrutar junto a su hija, que hoy tendría 33 años, y que ya nadie podrá devolverles.

Sergio Cabañas y Luisa Mari García se casaron en octubre de 1975 y una de sus ilusiones era tener descendencia. La mujer sufrió un aborto antes de dar a luz a una niña el 17 de julio de 1977 en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social José Gómez Sabugo, de Gijón, hoy el Hospital de Cabueñes. Ingresó embarazada de seis meses y una semana, y en el informe médico consta que fue «un parto prematuro normal» mediante el que nació una «hembra viva»; como incidencia, se destaca que «se extrae la placenta». Asimismo, consta que «en el posparto se retira la lactancia».

La mujer estaba acompañada por sus padres, pues la profesión de su marido, pescador, le impidió estar a su lado cuando dio a luz. Cuando el padre acudió al hospital, dos días después del nacimiento de la hija, el personal sanitario le notificó que el bebé había fallecido. Aseguran que en ningún lado consta que haya habido ninguna complicación ni pista alguna que confirmara su muerte. El matrimonio asegura que les negaron ver el cadáver; ni se lo entregaron para poder darle sepultura. «Nos dijeron que para qué… Que costaba dinero el traslado y enterrarla y que se encargaban ellos de todo», asegura Luisa Mari García. La mujer recibió el alta el día 21, firmada por el entonces jefe del servicio de tocoginecología.

Aunque actualmente sí se conservan los informes médicos de la madre, no figuran los del bebé. Apuntan que en el hospital les han explicado que estos recién nacidos «eran subidos a neonatología con el fin de que pudiesen fallecer en un ambiente caliente y cómodo», en referencia a la incubadora, y que «el destino de dichos abortos solía ser la incineración». Pero al matrimonio no le convence la explicación, porque en aquella época no era una práctica habitual.

A Sergio Cabañas y Luisa Mari García, que posteriormente sufrieron el fallecimiento de otro hijo de un año, les comenzaron a asaltar las dudas sobre la verdad de esta historia que les contaron en el hospital cuando salieron a la luz pública, hace unos meses, numerosos casos en toda España de niños robados al nacer para entregarlos en adopción.

Creen que el suyo puede ser uno más de los casos que hay en el país. Nada descabellado, porque conocen a más familias en Villaviciosa que iban a dar a luz a Gijón que relatan situaciones similares. Las sospechas también se han incrementado porque son demasiadas las personas que destacan el enorme parecido de Luisa Mari con una chica de Gijón que suele frecuentar la calle Corrida, con la que incluso han llegado a confundirla. Creen que puede ser Mari Carmen, la hija que perdieron y que ahora tienen esperanzas de recuperar.

http://www.lne.es/centro/2011/05/19/matrimonio-maliayes-asturias-reclama-dinero-robo-bebe/1077043.html

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